La empresa de las cuatro grandes de auditoría y consultoría de Hong Kong, PwC, ha publicado una guía para empresas en dificultades financieras o insolventes en el criptosector. El documento, publicado en febrero de 2019, aborda las complejidades específicas de la industria naciente, en particular con respecto a la valoración de activos y las operaciones multijurisdiccionales.

PwC señala que los dos parámetros utilizados para determinar la viabilidad financiera de una empresa (evaluación del flujo de caja y del balance) pueden ser más difíciles de determinar en el caso de los criptoactivos, cuya volatilidad complica una valoración clara. El documento continúa:

“Además, la falta de claridad en el tratamiento contable de los criptoactivos y, hasta ahora, la falta de un amplio consenso sobre la taxonomía en el criptomundo o sobre cómo valorar con precisión los criptoactivos, significa que puede surgir ambigüedad a la hora de evaluar el estado de solvencia de tu criptoempresa.”

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Una vez que la situación financiera de una empresa está en peligro, el auditor observa que los deberes de los directores pasan de servir a los mejores intereses de sus accionistas a los de sus acreedores, que se convierten en lo más importante. El documento describe la posible pérdida del control de la gestión, las sanciones civiles e incluso los cargos penales que un director corre el riesgo de correr si no gestiona adecuadamente los procedimientos de insolvencia.

PwC advierte que cuando las relaciones entre los principales acreedores y directores se han roto, "un acreedor descontento puede tomar medidas de ejecución para iniciar un procedimiento formal de insolvencia [...] y nombrar a un liquidador". Un liquidador nombrado externamente tiene el derecho estatutario de investigar la conducta de los directores, abriendo la posibilidad de acciones civiles (y, más raramente, penales) contra ellos, y la exposición a la responsabilidad personal.

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A diferencia de esta liquidación forzosa, en otro escenario un director puede conservar la capacidad de iniciar la liquidación voluntariamente. Cuando una jurisdicción es relativamente favorable a los deudores, esto puede permitir una liquidación sin complicaciones, afirma PwC, en la que la dirección mantiene el control mientras se reestructuran y se liquidan los pagos de los acreedores.

PwC se dirige específicamente a empresas que operan en múltiples jurisdicciones, lo cual, según el auditor, es un caso común en la criptoindustria. Para un caso de insolvencia, el documento aclara que el principio del Centro de Interés Principal se utiliza para establecer qué leyes de jurisdicción tienen precedencia.

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Como se ha informado, el ahora cerrado exchange de criptomonedas canadiense QuadrigaCX es actualmente objeto de procedimientos judiciales y controversias tras la muerte de su director general en diciembre de 2018, lo que supuestamente dejó a la empresa sin acceso a la mayoría de sus criptoactivos.

La viuda del fundador y codirector de facto ha pedido esta semana al tribunal que nombre a un director de reestructuración para que se haga cargo de los procedimientos, citando su falta de experiencia con una empresa insolvente y la indeseada atención pública que el caso ha atraído a ella personalmente.

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