El gobierno chino podría utilizar las nuevas regulaciones que se están desarrollando contra el financiamiento ilegal para investigar las ofertas iniciales de monedas (ICO) en el mercado de la moneda digital. (ICO) en el mercado de la moneda digital.

La Oficina de Asuntos Legislativos del Consejo de Estado de China ha publicado un borrador de las reglas propuestas y pedirá comentarios públicos sobre la propuesta en septiembre de 2017 antes de iniciar oficialmente el proceso legislativo.

Indignación pública

El reglamento propuesto fue introducido en medio de la  indignación pública contra la proliferación de sistemas de venta de pirámides en todo el país. Los miembros de dichos planes presuntamente han encarcelado y matado a varios graduados universitarios que caen presa de sus estafas.

La regla propuesta se centra principalmente en abordar diversas actividades de recaudación de fondos en el país. Sin embargo, el artículo 15 del conjunto de reglas propuesto indica que las iniciativas de financiación basadas en las monedas virtuales podrían ser objeto de investigaciones.

Parte del proyecto de reglamento dice lo siguiente:

"Si el departamento que supervisa las actividades ilegales de recaudación de fondos encontrase una recaudación de fondos sin el debido permiso, o una recaudación de fondos que viola las disposiciones pertinentes del Estado, y si una de las siguientes circunstancias se encuentra, el departamento iniciará una investigación administrativa.

….

(2) recaudar fondos en nombre de la emisión o transferencia de fondos propios, recaudación de fondos, venta de seguros o actividades de gestión de activos, divisas virtuales, leasing, cooperación crediticia y fondos mutuos ...."

Cadena perpetua

La ley propone que el gobierno cree un comité interdepartamental para combatir los esfuerzos ilegales de recaudación de fondos. El proyecto de regla también aclara que las partes involucradas en actividades ilegales de recaudación de fondos serán responsables de sus propias pérdidas.

China actualmente utiliza dos leyes para hacer frente a la recaudación ilegal de fondos bajo su sistema de derecho penal. El delito de absorción ilegal de depósitos públicos conlleva una pena máxima de 10 años de prisión.

El delito de fraude de fondos, mientras tanto, lleva una sentencia máxima de cadena perpetua.