El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (USMS, por sus siglas en inglés) utilizará Coinbase Prime para custodiar determinados activos digitales como parte de la responsabilidad de la agencia policial de gestionar el decomiso de activos.

En un comunicado publicado el 1 de julio, Coinbase informó de que el USMS había seleccionado a la división de inversión institucional del exchange "para prestar servicios de custodia y negociación avanzada" de activos digitales de gran capitalización. El exchange de criptomonedas dijo que gestionaría los activos "de forma centralizada en apoyo" de la agencia federal, que a veces toma la custodia de criptomonedas incautadas por el Departamento de Justicia.

En 2022, la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia publicó los resultados de una auditoría que sugería que el Servicio de Alguaciles "se enfrentaba a desafíos en la gestión y seguimiento de criptomonedas". En marzo, el USMS supuestamente comenzó a explorar contratos para que las empresas proporcionen servicios de criptocustodia. 

Coinbase, un exchange de criptomonedas con sede en EE.UU., tiene un historial de ser utilizado por las fuerzas del orden para custodiar o vender criptomonedas incautadas como parte de investigaciones criminales. El Servicio de Alguaciles de EE.UU. ha retenido activos vinculados al extinto exchange de criptomonedas FTX y a la tristemente célebre plataforma Silk Road. Según los registros del Gobierno, Coinbase Prime recibió más de USD 32 millones por el contrato con el USMS. 

Coinbase sigue implicada en una demanda civil presentada por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos en junio de 2023. El enfoque del regulador financiero en los casos de aplicación de la ley ha sido objeto de escrutinio en un año electoral, con la Corte Suprema publicando una decisión el 27 de junio que da derecho a los acusados a un juicio con jurado para los casos de fraude de valores.

El exchange de criptomonedas también presentó demandas contra la SEC y la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, alegando que las agencias gubernamentales no cumplieron con las solicitudes de la Ley de Libertad de Información.

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