Gulliermo Avellán, quien funge como Gerente General del Banco Central de Ecuador, se expresó este pasado 22 de agosto desde su cuenta personal en la red social X para compartir su opinión sobre el uso de criptoactivos dentro de la economía ecuatoriana.

En palabras del funcionario, el Banco Central de Ecuador “no ha prohibido la inversión en criptoactivos” debido a que considera que no está dentro de las competencias del Banco. En concreto, explicó que el regulador sólo tiene la “facultad para controlar que el único medio de pago autorizado en el país sea el dólar de los Estados Unidos de América”. También agregó a este punto que el Estado ecuatoriano no puede obligar a ninguna persona o empresa a recibir una moneda que sea diferente a la del dólar.

Con esta afirmación de Avellán queda clara que la prohibición ratificada por el Banco Central de Ecuador a principios de agosto, donde declaró que “los criptoactivos no son una moneda de curso legal en nuestro país, ni tampoco un medio de pago electrónico autorizado a nivel nacional”, tal y como se reportó en Cointelegraph en Español, no genera una prohibición sobre la tenencia o inversión de criptomonedas por parte de los ecuatorianos.

Un llamado a una regulación enfocada en criptoactivos

Como conclusión de su mensaje, Gerente General Avellán mencionó que se hacía necesaria una “ley que regule la inversión en criptoactivos” dentro del Ecuador, con el objetivo de “proteger a los inversionistas, promover la innovación y fortalecer la dolarización de posibles riesgos generados por la comercialización de estos activos fuera del marco legal”.

Cabe destacar que esta no sería la primera vez donde se resalta la necesidad de una regulación específica para criptoactivos dentro de la jurisdicción ecuatoriana. Tal y como informamos anteriormente en Cointelegraph en Español, en medio de investigaciones sobre las operaciones de Worldcoin en distintas ciudades de Ecuador, la Superintendencia de Protección de Datos afirmó no contar con los recursos suficientes como para determinar si la empresa “actúa o no enmarcada en la legislación ecuatoriana”.

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