La empresa española de tecnología financiera Monei ha iniciado las pruebas de una stablecoin respaldada por euros, EURM, bajo la supervisión del Banco de España.

Un anuncio publicado en el sitio web de Monei el 29 de enero afirma que la prueba en el sandbox regulatorio comenzó en enero. Cuenta con un grupo de usuarios individuales, limitado para minimizar el margen de error.

La prueba examinará la capacidad de transacción de EURM. Cada usuario verificará su identidad, cargará el monedero, ingresará 10 euros en su cuenta y los canjeará por 10 EURM. Cada EURM está respaldado 1:1 por euro y almacenado en bancos españoles, como BBVA y Caixabank.

El CEO de Monei, Alex Saiz Verdaguer, calificó la prueba de "un paso más en nuestro camino hacia la completa digitalización de los pagos". Opina que la nueva stablecoin brindará la oportunidad de enviar dinero de una forma "más segura, programable, económica, democrática y liberalizada" que nunca.

Según el anuncio, EURM facilitará las transacciones entre dos personas cualesquiera con acceso a un teléfono móvil en milisegundos. Al mismo tiempo, la comisión será de sólo "milésimas de euro por transacción". La infraestructura de la stablecoin también incluye varias opciones corporativas, como pagos mensuales o diarios a empleados o primas de productividad en tiempo real "basadas en instrucciones robóticas".

El Banco de España anunció el lanzamiento de su propio programa mayorista de moneda digital del banco central (CBDC) en 2022. Verdaguer también insinuó la posibilidad de que el EURM se convierta en la tecnología preferida del Banco de España. En enero de 2024, el Banco de España anunció pruebas separadas en asociación con Cecabank, Abanca y Adhara Blockchain.

El programa de CBDC español es único, ya que se declaró públicamente que era independiente del proyecto del euro digital, que, de aplicarse, abarcaría todas las economías de la eurozona. Por su parte, el Ministerio de Economía y Transformación Digital español anunció que implementaría el Reglamento de Mercados de Criptoactivos de la Unión Europea seis meses antes de su fecha límite.

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