El Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos registró en marzo el domicilio del cofundador de Kraken, Jesse Powell, en el marco de una investigación por hackeo y ciberacoso a un grupo artístico sin ánimo de lucro.

Se afirma que Powell interfirió en cuentas informáticas bloqueando el acceso a correos electrónicos y otros mensajes de contribuyentes del Verge Center for the Arts -la organización sin ánimo de lucro fundada por Powell-, según una noticia del 6 de julio de The New York Times, que cita a tres personas con conocimiento del asunto.

El trío informó al NYT de que el FBI y la Fiscalía del Distrito Norte de California llevan investigando a Powell desde "al menos" septiembre de 2022.

Al parecer, se incautaron dispositivos electrónicos en el domicilio de Powell en Brentwood, Los Ángeles, como parte del registro. Sin embargo, se entiende que los fiscales no han acusado a Powell de ningún delito.

El abogado de Powell, Brandon Fox, dijo que la investigación se centró principalmente en las acusaciones hechas por Verge Center for the Arts - la organización sin ánimo de lucro fundada por Powell, y no tiene nada que ver con la participación de Powell en el "sector de las criptomonedas". Esto también habría sido confirmado por un vocero de Kraken.

Fox también dijo que Powell "no hizo nada malo".

Vista interior del Verge Center for the Arts, fundado por Powell. Fuente: Verge Center for the Arts

Cointelegraph se puso en contacto con Jesse Powell para pedirle comentarios al respecto, pero no recibió una respuesta inmediata.

Al parecer, Powell fundó el grupo artístico con sede en Sacramento en 2007. Sin embargo, en su perfil de LinkedIn figura como fundador y miembro de la junta directiva desde abril de 2010.

Kraken sigue siendo el segundo mayor mayor exchange de criptomonedas con sede en Estados Unidos, por detrás de Coinbase, según CoinMarketCap.

En febrero, la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. emprendió acciones legales contra Kraken por no registrar su programa de servicio de staking.

La empresa llegó a un acuerdo con el regulador de valores, pagando una elevada multa de USD 30 millones.

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