En la denominada Revolución Industrial aparecen como paradigmas, diversas tecnologías que están modificando los modelos de negocios actuales, aportando agilidad y simplificando los procesos de intermediarios y, por lo tanto, reduciendo los costes de adopción de decisiones.

En este entorno de disrupción tecnológica destaca una de ellas: Blockchain, quien con su potencial llama a cambiar los sistemas de toma de decisiones automatizadas.  La Blockchain, constituye una tecnología innovadora en la automatización de los procesos, con múltiples aplicaciones en el sector público, concretamente en el ámbito de contratación pública. 

La contratación pública, es uno de los sectores donde gran parte de los países del mundo, está optando por las herramientas tecnológicas como estrategia a favor de un proceso eficiente y responsable. Sin embargo, no es un secreto, que este es el sector en donde la lucha por el descontrol del gasto público, el fraude y la corrupción cada día se ven más marcados a pesar de la rigurosidad que emplean algunos países para regular este proceso. 

En este contexto, blockchain se establece como una alternativa  que permite mejorar la auditabilidad y transparencia de la actividad administrativa, garantizando eficacia  e inmutabilidad en los procedimientos, pero que ofrece también un empoderamiento al ciudadano para decidir qué nivel de protección otorga a su información. 

Blockchain, actúa como una herramienta  capaz de solucionar los problemas de interoperabilidad que existen entre distintos entes u órganos administrativos, de tal manera que posibilita la participación simultánea o sucesiva del procedimiento de los distintos entes de la Administración, así como de los interesados y de terceros que legítimamente acrediten un interés. 

A estos efectos, blockchain puede ser de gran aplicación en procedimientos administrativos en los que intervienen distintas administraciones en el ejercicio de competencias concurrentes. Convirtiéndose  en un instrumento útil en el desarrollo de los procesos  de descentralización del Estado o, al menos, en la promoción de un incremento de  Administraciones de distintos niveles en el ejercicio de las potestades públicas.

Ahora bien, de manera generalizada, se puede señalar que el funcionamiento de esta tecnología consiste en que cada transacción se introduce automáticamente, en un bloque de información. Según va aumentando el número de transacciones, crece la cadena de bloques. 

La novedad principal que ofrece la blockchain, respecto a otra tecnologías sobre la que se asientan las plataformas tradicionales, es que la información que se aloja en esta base de datos, se encuentra encriptada en bloques a disposición de todos los miembros que forman parte de ella, que serán los únicos encargados de verificar las transacciones registradas, sin necesidad de que participe una entidad de control centralizada.

Esta tecnología funciona como un registro de transacciones; pero a su vez, permite habilitar la programación de aplicaciones distribuidas a través de los llamados contratos inteligente o Smart Contracts, que son programas de software que se asientan dentro de blockchain, que verificando el cumplimiento de determinadas condiciones, se ejecutan automáticamente. Se rigen bajo la fórmula “si X, ocurre Y”, es decir su función sería “hacer esto, si se cumple lo otro”, sin intermediarios que participen en el proceso de decisión. 

Pues bien, de esta manera, la cadena de bloques, podría ser más que un registro y  los smart contracts un instrumento de gran utilidad en procesos como, sistemas de trazabilidad de productos, emisión de documentos, inclusive para configurar actuaciones administrativas automatizadas en procedimientos de licitación y contratación pública, entre otros. 

Casos de aplicación 

La utilización de blockchain  en el sector público en algunos países ya es una realidad, por ejemplo el Reino Unido que explota el uso de esta tecnología para pagar y monitorear becas de investigación, en Australia , en comunicaciones gubernamentales, seguridad cibernética, logística y uso correcto de fondos destinados a los gobiernos locales. Por su parte Estonia, ha implantado con más intensidad esta tecnología, utilizando un sistema de identidad digital que permite acceder a gran cantidad de datos médicos, legislativos, judiciales, comerciales y de seguridad, así como de servicios públicos y controlar los accesos de su propia información.

En el ámbito de la Unión Europea,  se creó, por la Comisión Europea y con el apoyo del Parlamento Europeo, el observatorio y foro de la cadena de bloques de la UE, que impulsa la utilización de la blockchain en las Administraciones públicas,  también desde el Estado español se ha promovido el uso de la cadena de bloques en el Registro de Contratistas en las licitaciones públicas. Por su parte, el Gobierno de Aragón hace uso de la blockchain en la compra pública, al generar un registro descentralizado de ofertas de contratos inteligentes (smart contracts). 

En Argentina, también hay proyectos en curso y casos de implementación de blockchain por parte del Gobierno Nacional, el del Boletín Oficial de la República Argentina, para certificar sus ediciones digitales y rúbrica de los libros contables digitales de las SAS. Se creó además Blockchain Federal Argentino, conformado por la sociedad civil, la academia y el Estado, representados por  la Cámara Argentina de Internet, las Redes de Interconexión Universitaria y el Poder Ejecutivo Nacional a través del NIC.AR, que permitirá la utilización de aplicaciones verticales pensadas para hacer contratos y transacciones. 

Por otro lado, la Municipalidad de Córdoba en su plataforma de Gobierno Abierto, incorporó esta tecnología para proteger la información existente y mejorar la eficiencia de sus procesos administrativos a través de Bitcoin y Etherum, entre otras.

La blockchain es una tecnología que ha llegado para quedarse, su irrupción supone un hito sin precedentes en la seguridad, objetividad y eficiencia de las comunicaciones electrónicas. Bien es cierto,  que se trata de una tecnología que aún está en desarrollo, pero los impulsos a lo que se está acometiendo en varios países, y que ya están empezando a cristalizar en algunos proyectos o pruebas de concepto en la Administración Pública, nos lleva a pensar que estamos ante una tecnología  cuyo uso en la actividad se irá generalizando en el futuro.

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