El gobierno iraní reducirá el suministro de electricidad a la minería de criptomonedas hasta que se aprueben los nuevos precios de la energía, según un informe de la agencia local de noticias Iran Daily, del 24 de junio.

Mostafa Rajabi Mashhadi, un funcionario del Ministerio de Energía de Irán, reveló que el país ha tenido un aumento del 7% en el consumo de electricidad en un período mensual que finaliza el 21 de junio del 2019.

Rajabi enfatizó la naturaleza inusual del repunte, en oposición a períodos de tiempo similares en los últimos años, revelando que la red eléctrica del país evidentemente se había vuelto inestable.

Según el funcionario, el Ministerio de Energía iraní cree que el aumento fue causado por el creciente número de actividades de criptominería en el país, y agregó que el estado tomará las medidas necesarias para prevenir los problemas energéticos.

Como tal, Rajabi informó que los criptomineros "serán identificados y su electricidad se cortará", hasta que el gobierno apruebe la reciente propuesta del ministerio para un cambio en los precios de las operaciones criptomineras. Rajabi declaró que la autoridad tendrá que hacer cumplir tal acción ya que el consumo excesivo de electricidad actual está "causando problemas para otros usuarios".

El 9 de junio, el viceministro de Energía de Irán instó a que las facturas de electricidad para los mineros de monedas digitales deberían calcularse de acuerdo con los precios reales o con las mismas tarifas establecidas para las exportaciones de energía.

Irán, un país que supuestamente se estaba beneficiando de la minería criptomonetaria a pesar del mercado bajista del 2018, paga alrededor de USD 1 mil millones en subsidios anualmente para cerrar la brecha en los costos reales de electricidad y lo que se factura a los consumidores, un descuento que los mineros de las criptomonedas han estado aprovechando con entusiasmo en medio de la agitación económica y las sanciones.

La actitud del país respecto de la criptominería había sido muy positiva desde septiembre del 2018, ya que las principales autoridades estatales aceptaban la minería como una industria.

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