DeCurret, el exchange que promueve las criptomonedas como método de pago para el sistema de transporte público masivo de Japón, acaba de reestructurar su capital.

Según un comunicado de prensa del 10 de abril del criptoexchange, DeCurret anunció que había emitido nuevas acciones por un valor de 2,750 millones de yenes -aproximadamente USD 25 millones- en una asignación de acciones a terceros. La empresa tiene previsto utilizar el capital para "mejorar los servicios de transacción para las monedas virtuales existentes" y para promover la "expansión de las monedas digitales y los servicios de liquidación".

¿Se usan las criptomonedas como pago para el transporte público en Japón?

Aunque varias prefecturas de Japón se encuentran en estado de emergencia desde el 8 de abril para combatir la propagación de COVID-19, el transporte público del país no se ha visto afectado en gran medida. El número de trenes y autobuses se ha reducido, pero muchas estaciones siguen llenas de viajeros a diario; algunos destacan un absurdo grado de apatía.

Incluso en medio de las posibles perturbaciones ferroviarias durante la pandemia, DeCurret está considerando un nuevo sistema de criptopago para la Compañía de Ferrocarriles del Japón Oriental (JR East), uno de los principales inversores en el exchange.

El sistema propuesto por DeCurret permitiría que la tarjeta de pago Suica emitida por la compañía de ferrocarriles se recargara con criptomonedas. En marzo de 2019 se utilizaban casi 70 millones de esas tarjetas en un país de 126 millones de habitantes.

Las nuevas leyes japonesas sobre criptomonedas entrarán en vigor a partir del 1 de mayo

Aunque la Agencia de Servicios Financieros del Japón le ha permitido a Decurret operar como criptoexchange registrado desde que empezó a operar en abril de 2019, la empresa podría enfrentarse pronto a más retos normativos.

Están empezando a aplicarse nuevas leyes para regular las criptodivisas en Japón. La Ley de Servicios de Pago y la Ley de Instrumentos Financieros y de Intercambio, legislación aprobada por la Cámara de Representantes del Japón el año pasado, entrará en vigor a partir del 1º de mayo.

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