La República de las Islas Marshall (RMI) ha conformado una organización sin fines de lucro para apoyar al gobierno en la implementación de la moneda digital nacional del país. Esta noticia fue anunciada en un comunicado de prensa, el 4 de junio.

La RMI estableció el Fondo de Desarrollo del SOV para respaldar el plan del gobierno en el desarrollo y la implementación de la moneda digital nacional del país, el Sovereign (SOV).

El fondo será totalmente independiente, con una junta de siete directores, de los cuales dos serán nombrados por el gobierno y dos nominados por SFB Technologies, la firma que está desarrollando la infraestructura blockchain del SOV.

Los tres directores restantes serán elegidos por unanimidad por los cuatro mencionados anteriormente, entre expertos internacionales en tecnología blockchain, banca y política monetaria.

En una presentación en vídeo en la Blockchain for Impact Summit en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, el Ministro de Asistencia al Presidente, David Paul, dijo: "estamos diseñando el SOV de una manera que no supondrá ninguna carga para las finanzas del gobierno". La moneda se autofinancia".

Peter Dittus, economista jefe de SOV, explicó que el mandato del Fondo de Desarrollo de SOV es sembrar el ecosistema alrededor del SOV y suavizar la volatilidad del SOV mediante la venta y compra de SOV contra el dólar de Estados Unidos, entre otros objetivos.

Como Dittus le dijo anteriormente a Cointelegraph, la decisión de desarrollar una moneda digital nacional está respaldada por varias razones. Según Dittus, los países en desarrollo, como la RMI, luchan con los altos costos de las remesas, y tener una oferta legal digital crea una situación en la que la solución a las remesas costosas se "integra" en el propio sistema monetario.

La implementación de la criptomoneda nacional de la RMI se enfrentó a las críticas del Fondo Monetario Internacional en septiembre pasado, cuando la agencia advirtió al país sobre los riesgos de adoptar una criptomoneda como una segunda moneda de curso legal, instando al país a abandonar el proyecto.

En marzo, la start-up israelí Neema —que también participa en el desarrollo del SOV— declaró que el proyecto aún necesita trabajo para aplacar a los reguladores financieros de EE. UU. Específicamente, la compañía mencionó que cada cuenta de SOV estará completamente identificada y que los compradores serán verificados en la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos.

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