En el ecosistema bitcoiner se repite con frecuencia una idea casi aspiracional: “ahorrar en bitcoin es la mejor forma de proteger valor a largo plazo”. Sin embargo, esta narrativa, válida en ciertos contextos, choca con una realidad estructural en América Latina que muchas veces se ignora.
La pregunta no es sólo por qué las personas no ahorran en bitcoin, sino por qué no pueden hacerlo.
El primer factor es evidente, pero muchas veces subestimado: la pobreza. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el 25,5% de la población de la región —alrededor de 162 millones de personas— vive en situación de pobreza, mientras que el 9,8%, equivalente a unos 62 millones, se encuentra en pobreza extrema. Esto significa que una parte significativa de la población no tiene capacidad de ahorro. No es que no quiera invertir en bitcoin; es que no puede ahorrar ni siquiera 1 dólar.
En economías donde el ingreso se destina casi en su totalidad al consumo inmediato —alimentación, transporte, vivienda—, el concepto mismo de ahorro se vuelve un lujo. Y si ahorrar ya es difícil, hacerlo en un activo percibido como volátil es aún más improbable.
Aquí aparece el segundo factor: la volatilidad. Bitcoin, aunque ha demostrado una tendencia alcista en el largo plazo, sigue siendo un activo con fluctuaciones importantes en el corto plazo. Para una persona en América Latina que vive al día, la posibilidad de ver caer el valor de sus ahorros en cuestión de semanas no es una opción viable. La prioridad no es maximizar retornos, sino preservar liquidez.
Además, el hecho de que bitcoin aún esté concentrado en relativamente pocos actores —los llamados grandes tenedores— contribuye a movimientos de mercado que pueden generar incertidumbre. Para el inversor institucional esto es una variable más a gestionar; para el ciudadano promedio, es un riesgo inasumible.
Un tercer elemento clave es la exclusión financiera. Según el Banco Mundial, aproximadamente el 41% de la población en América Latina —cerca de 270 millones de personas— no tiene acceso a servicios financieros formales. Esto no sólo limita el acceso a cuentas bancarias o crédito, sino también a herramientas básicas para ahorrar, invertir o gestionar dinero.
Bitcoin suele presentarse como una solución a este problema, y en teoría lo es. Pero en la práctica, la inclusión financiera no depende únicamente de la tecnología. Requiere infraestructura, acceso a internet, alfabetización digital y, sobre todo, educación financiera. Sin estos elementos, la promesa de inclusión se queda incompleta.
Y es precisamente la educación financiera el cuarto factor estructural —y probablemente el más determinante a largo plazo—. En gran parte de América Latina, el sistema educativo no enseña conceptos básicos como presupuesto, ahorro o inversión. No se enseña qué es el dinero ni cómo funciona.
Esto genera una relación débil con el ahorro. Incluso en la clase media, donde sí existe cierta capacidad de ingreso, es común observar altos niveles de endeudamiento y bajo nivel de planificación financiera. No se trata sólo de ingresos, sino de hábitos.
Bitcoin, además, exige una mentalidad particular: una preferencia por el largo plazo. El famoso “low time preference” que promueve la comunidad bitcoiner implica postergar el consumo presente por beneficios futuros. Sin embargo, en contextos de incertidumbre económica, inflación y bajos ingresos, la preferencia natural es la opuesta: consumir hoy.
En países con alta inflación como Argentina o Venezuela, esto se vuelve aún más complejo. Aunque bitcoin podría funcionar como refugio de valor frente a monedas locales debilitadas, la volatilidad del propio activo compite con esa función. En muchos casos, las personas optan por soluciones más inmediatas, como dólares físicos o stablecoins, que ofrecen estabilidad percibida.
En este contexto, la adopción de bitcoin como instrumento de ahorro no depende únicamente de su tecnología o de su narrativa, sino de condiciones económicas y sociales más profundas.
Sin embargo, esto no significa que el panorama sea estático. En El Salvador, por ejemplo, se han dado pasos importantes en materia de educación. Iniciativas como “Qué es el dinero”, impulsada por la Oficina Nacional del Bitcoin junto con la ilustradora Lina Seiche, buscan introducir conceptos financieros desde edades tempranas. Este tipo de esfuerzos apunta directamente a uno de los problemas de raíz: la falta de comprensión del dinero.
A largo plazo, el verdadero cambio en la adopción de bitcoin en América Latina no vendrá sólo de wallets o exchanges, sino de educación y crecimiento económico. La región necesita reformas estructurales que impulsen la creación de empleo, mejoren los ingresos y fomenten el emprendimiento. Sólo así será posible que más personas tengan la capacidad real de ahorrar.
Porque al final, el problema no es bitcoin.
El problema es que, para millones de latinoamericanos, ahorrar —en cualquier activo— sigue siendo un privilegio.
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