La Proof of Stake Alliance (POSA), una organización sin ánimo de lucro dentro la industria cripto, ha publicado el 21 de febrero dos documentos en los que examina la situación de los tokens de depósito en la legislación fiscal y de valores de Estados Unidos. Los documentos fueron escritos por representantes de más de 10 grupos de la industria.

El staking líquido es la práctica de las redes blockchain que utilizan un mecanismo de consenso de prueba de participación de emitir tokens de recibo transferibles para demostrar la propiedad de los criptoactivos bloqueados o para representar las recompensas acumuladas por hacer staking. Los tokens se denominan a menudo derivados de staking líquidos, un término al que la POSA se opuso por considerarlo inexacto y recomendó que se llamaran tokens de staking líquido. El staking líquido ha suscitado un gran interés desde la actualización Merge de Ethereum.

Ni el Tesoro de EE.UU. ni el Servicio de Impuestos Internos han emitido directrices sobre el staking líquido, señaló la POSA en "U.S. Federal Income Tax Analysis of Liquid Staking" (Análisis del impuesto sobre la renta federal de EE.UU. del staking líquido), pero deberían estar sujetas a las normas del impuesto sobre plusvalías según los principios generales. Según el documento:

"Los tokens de recibo acreditan la propiedad de mercancías intangibles en el mundo digital de forma sustancialmente idéntica a como los recibos de almacén, conocimientos de embarque, garantías de muelle y otros documentos de titularidad acreditan la titularidad de mercancías tangibles en el mundo físico".

En consonancia con la tributación de las plusvalías, prosigue el argumento, "un acuerdo de apuesta líquida será un hecho imponible sólo si se produce una venta u otra disposición de criptoactivos a cambio de bienes que difieren materialmente en especie o medida", lo que se conoce normalmente como "realización" de un activo.

Ese razonamiento se apoya con el argumento de que un protocolo de staking líquido (contrato inteligente) no debe considerarse una entidad separada, pues carece de una segunda parte que participe en los beneficios. "Si un staker líquido no tiene un hecho imponible como se discutió anteriormente, el staker líquido debe entonces lidiar con la tributación de su propiedad continua de los criptoactivos bloqueados", concluye.

En la "U.S. Federal Securities and Commodity Law Analysis of Staking Receipt Tokens", la POSA dijo que determinar si un token de recibo es o no un contrato de inversión es una cuestión previa.

Argumentó que el staking líquido no es un contrato de inversión y, por tanto, no es un valor, utilizando un análisis basado en casos de la conocida prueba Howey. A continuación, examinó los cuatro extremos de la prueba Howey y concluyó que los tokens no cumplen en general ninguno de ellos.

El documento también considera la prueba de Reves, de una sentencia del Tribunal Supremo de 1990 que determinaba cuándo un instrumento constituía un "pagaré" basándose en su "parecido familiar" con un contrato de inversión. La SEC y los tribunales federales han considerado que algunos criptoactivos son pagarés. Además, el documento argumenta que un token de recibo no es un swap bajo la Ley de Intercambio de Materias Primas.

Un token de recibo sirve para fines de seguridad, permitiendo a su titular transferir la propiedad de los fondos bloqueados entre billeteras en caso de que la clave se vea comprometida, y para fines comerciales, de forma similar a los recibos de almacén, concluye el documento.

Los documentos pretendían ofrecer "un marco para una codificación o elucidación legislativa significativa", según una declaración adjunta. También pretendían sentar las bases de unas normas de autorregulación.

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