La empresa de soluciones de pago Ripple ha confirmado su intención de solicitar una licencia MiCA (Mercados de Criptoactivos) para expandirse en la UE.

En mensajes enviados a Cointelegraph, un portavoz de Ripple afirmó que la empresa tiene la intención de "cumplir con la normativa MiCA", ya que reconoce "una oportunidad significativa en el mercado europeo".

La declaración se produce tras el registro de Ripple Payments Europe S.A. en Luxemburgo a finales de abril.

El martes, el medio de comunicación especializado Ledger Insights informó de que la empresa había solicitado una licencia de entidad de dinero electrónico en Luxemburgo. Ripple se negó a confirmar o desmentir la noticia, limitándose a decir que la empresa "no tiene ninguna novedad que comunicar por el momento".

Datos de la empresa Ripple con sede en Luxemburgo. Fuente: LEI Luxembourg

La expansión de Ripple a Europa

Luxemburgo se está convirtiendo en un centro neurálgico para las empresas de criptomonedas que buscan cumplir con la normativa MiCA. A finales de junio, Coinbase, una importante plataforma de exchange de criptomonedas con sede en Estados Unidos que cotiza en bolsa, obtuvo su licencia MiCA de la Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo y nombró a la región como su sede central en la UE.

A mediados de mayo, la empresa de intercambio de criptomonedas Bitstamp también anunció que había obtenido una licencia de proveedor de servicios de criptoactivos bajo la MiCA de los reguladores luxemburgueses. Clearstream Banking, una institución que participa en las pruebas del euro digital del Banco Central Europeo, también cuenta con una licencia similar.

Otro ejemplo es Standard Chartered, uno de los bancos más grandes del mundo, que lanzó sus servicios de criptomonedas en Europa tras obtener una licencia de activos digitales en Luxemburgo a principios de enero.

Sin embargo, las autoridades luxemburguesas no parecen tener una visión especialmente indulgente del sector de las criptomonedas. A finales de mayo, Luxemburgo clasificó a los proveedores de servicios de activos virtuales como entidades de alto riesgo para el blanqueo de capitales en una revisión nacional, lo que pone de relieve la preocupación por la exposición de la industria de las criptomonedas a los delitos financieros.

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