Sam Bankman-Fried está tratando de citar documentos de Fenwick & West. Ese es el bufete de abogados que actuó como asesor externo de FTX, Alameda Research y Bankman-Fried personalmente desde "el principio de su desarrollo" hasta la quiebra de FTX. Ahora el equipo jurídico de Bankman-Fried quiere utilizar los documentos en su defensa en la causa penal de 13 cargos que se sigue contra él.

Según un memorándum presentado ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York, Fenwick ha declarado que no puede entregar los documentos sin el permiso de los deudores de FTX. Los documentos representan asesoramiento y otros contenidos elaborados por la empresa.

Los documentos ya están en manos de los deudores de FTX y del Gobierno. FTX ha renunciado a cualquier reclamación de protección del privilegio abogado-cliente de los documentos en al menos un caso, decía el memorándum. Y añadía:

"Los Deudores de FTX han dado al Gobierno pleno acceso a sus documentos, sin necesidad de emitir citaciones, y están tan enredados en la investigación del Gobierno que deben ser considerados parte del 'equipo acusador' a efectos de las obligaciones de descubrimiento del Gobierno".

Los documentos se agrupan en 11 peticiones que tocan "temas críticos que son materiales para preparar la defensa". Los temas incluyen la constitución de FTX, FTX US y Alameda, los vínculos financieros y jurídicos entre esas organizaciones, la constitución de North Dimension y North Wireless Dimension, las relaciones de las organizaciones con Silvergate Bank, las políticas de retención de datos de FTX, la liquidez y los préstamos de margen, el registro como empresas de servicios monetarios y diversas declaraciones de las organizaciones.

El memorando cita las reglas 16 y 17 de las Reglas Federales de Procedimiento Penal, que se refieren a la divulgación de la información utilizada por el gobierno en un juicio y a las citaciones, así como la decisión Brady del Tribunal Supremo de EE.UU. sobre la divulgación de pruebas.

Bankman-Fried se ha declarado inocente de ocho cargos que podrían condenarle a 115 años de cárcel. Tras su extradición desde Bahamas, se añadieron cinco cargos a los ocho originales. Posteriormente solicitó la desestimación de la mayoría de los cargos.

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