Una norma de la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) que prohíbe a los demandados criticar o negar las alegaciones de la agencia cuando resuelven acciones de aplicación de la ley "socava la integridad reguladora" y la libertad de expresión, afirma una de sus comisionadas.
En una declaración del 30 de enero, Hester Peirce, comisionada de la SEC, se mostró en desacuerdo con la denegación por parte de su agencia de una petición para modificar su "ley mordaza" de 1972, que prohíbe a los demandados negarse a admitir las acusaciones de la SEC tras un acuerdo.
"La política de negar a los demandados el derecho a criticar públicamente un acuerdo tras su firma es innecesaria, socava la integridad reguladora y plantea problemas en relación con la Primera Enmienda", escribió Peirce.
My thoughts on the SEC's unusual practice of telling defendants who settle with us that they can't ever say anything bad about the settlement: https://t.co/Mej0bSECD4
— Hester Peirce (@HesterPeirce) January 30, 2024
La SEC tiene una práctica inusual de decir a los demandados que llegan a un acuerdo con nosotros que nunca podrán decir nada malo sobre el acuerdo, y tengo opiniones sobre ello:
La norma establece que los demandados deben comprometerse a no "hacer o permitir que se haga ninguna declaración pública negando, directa o indirectamente, cualquier alegación de la demanda, o creando la impresión de que la demanda carece de base fáctica."
"Un demandado que lea este texto no tendrá ni idea de dónde acaba", afirma Peirce. "Protege eficazmente las alegaciones de la Comisión frente a las críticas".
La cláusula por la que los demandados se comprometen a no "permitir" que se nieguen o critiquen las acusaciones es igualmente problemática, dijo Peirce, ya que sugiere que deben impedir que otros digan cosas que puedan poner en duda el juicio de la SEC.
Esta política que prohíbe la crítica es un "término obligatorio y no negociable" en sus acuerdos, que son la "resolución más común de las acciones de aplicación de la SEC", según Peirce. La SEC también puede volver a llevar a los acusados ante los tribunales en caso de incumplimiento.
Las acciones de aplicación relacionadas con las criptomonedas del regulador alcanzaron un máximo de 10 años en 2023: tuvo acciones contra criptoempresas y alcanzó los USD 281 millones en multas recaudadas de los acuerdos.
La SEC explicó que cuando adoptó la política en noviembre de 1972, tenía como objetivo evitar "crear la impresión de que se está emitiendo un decreto o imponiendo una sanción, cuando la conducta alegada, de hecho, no ocurrió."
Peirce rebatió esta afirmación y escribió que, antes de la política, la SEC tenía "décadas de experiencia en la resolución de casos" y que había acuerdos que permitían a los acusados negar haber actuado mal, cosa que algunos hicieron.
“Tales negaciones no parecen haber socavado el programa de aplicación de la Comisión.”
Añadió que otras agencias federales, como la Comisión Federal de Comercio, "permiten explícitamente a los demandados que llegan a un acuerdo negar las acusaciones de infracción."
Se necesita mucho dinero para luchar contra las demandas de la SEC
Según Peirce, llegar a un acuerdo en una demanda suele ser la opción más barata para resolver las acciones de aplicación de la SEC, debido a la dificultad, el tiempo y los costes legales de luchar contra la agencia gubernamental en los tribunales, incluso para los "demandados corporativos con más recursos".
Las investigaciones de la SEC antes de llegar a acuerdos, junto con los abogados necesarios para responder a requerimientos, citaciones y otras notificaciones, consumen "enormes recursos financieros", añadió.
“No es extraño que casi todos los demandados en acciones de la Comisión lleguen a un acuerdo.”
Sin embargo, cuando la SEC llega a un acuerdo, Peirce señaló que ya no necesita probar sus reclamaciones ante los tribunales, y su política le permite “obtener un beneficio que nunca podría conseguir a través de un litigio: el silencio permanente del demandado."
Escribió que si la SEC está "segura de su trabajo de investigación" y análisis, no necesita "exigir silencio por parte de los demandados que llegan a un acuerdo."
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