SEC demanda a Kik por presuntamente llevar a cabo una ICO no registrada de USD 100 millones en el 2017

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos demandó a la start-up canadiense Kik por una oferta de tokens no registrada de USD 100 millones, así lo anunció oficialmente el regulador, el 4 de junio.

Según la denuncia de la SEC, Kik violó los requisitos de registro de la Sección 5 de la Ley de Valores de 1933. La agencia está buscando una orden judicial permanente, devolución de ganancias más intereses y una multa.

Específicamente, el organismo de control de valores alegó que a fines del 2017, Kik había recaudado USD 100 millones a través de una venta de tokens digitales que no cumplía con las leyes de valores de Estados Unidos, ya que no había registrado la oferta con las autoridades correspondientes.

Steven Peikin, codirector de la División de Cumplimiento de la SEC, dijo en el comunicado de prensa que al realizar la venta de sus tokens Kin, Kik "privó a los inversores de la información a la que tenían derecho legalmente e impidió a que éstos tomaran decisiones de inversión informadas".

Robert A. Cohen, jefe de la Unidad Cibernética de la División de Cumplimiento, agregó que la oferta de Kik debería considerarse una oferta de valores, ya que Kik les había dicho a los inversores que podrían separar sus beneficios del esfuerzo de Kik por construir un ecosistema digital:

"Las ganancias futuras basadas en el esfuerzo de otros son un sello distintivo de una oferta de valores que debe cumplir con las leyes federales de valores".

La demanda de la SEC se produce poco después del reciente anuncio de Kik de que la compañía estaría lanzando una iniciativa de criptomonedas de USD 5 millones para financiar una demanda contra la SEC. El 28 de mayo, el CEO de Kik, Ted Livingston, reveló que la empresa tokenizada de redes sociales estaría creando un fondo llamado DefendCrypto.

Recientemente, Benjamin Sauter, un abogado de Kobre & Kim, dijo que al iniciar una acción contra la SEC, Kik habría brindado argumentos creíbles, que hacen que el regulador asuma un riesgo legítimo si decide seguir adelante con una acción de cumplimiento.

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