El Consejo de Ministros de España ha enviado al Congreso el proyecto de ley para aplicar la directiva de la Directiva Europea de Cooperación Administrativa (DAC8), que obligaría a los exchanges a informar sobre los movimientos cripto de los residentes españoles, incluso en el extranjero. La normativa permitiría también el embargo de estos activos, según lo publicado en El Economista y la información dada en LinkedIn por José Antonio Bravo Mateu, especializado en fiscalidad.
Según los detalles dados, el proyecto de ley que transpone la octava reforma DAC8, buscaría reforzar el control fiscal sobre los criptoactivos. Esta normativa obligaría a los proveedores de servicios con criptomonedas a remitir información detallada sobre los saldos y operaciones de sus usuarios a la Agencia Tributaria (AEAT).
También se añadió que la norma afectaría no sólo a los exchanges y custodios nacionales, sino también a cualquier plataforma extranjera con la que España tenga acuerdos de intercambio automático de información. Esto permitiría a la Hacienda Pública conocer las criptomonedas, tokens o dinero electrónico que los residentes españoles mantengan en el extranjero, agregaron.
La información a proporcionar —explicaron— será similar a la ya exigida mediante el modelo 172, incluyendo todas las operaciones de compra, venta, permuta, entrada y salida de activos digitales, junto con los datos personales del titular, el número de unidades y el valor de cada movimiento.
Además, se puntualizó en que la nueva ley habilitaría por primera vez a la Agencia Tributaria a embargar criptoactivos en caso de deuda tributaria, así como cualquier otro bien en entidades de pago o de dinero electrónico. Hasta ahora esta facultad sólo existía para cuentas bancarias tradicionales.
Un dato más que se indicó es que el marco legal tendría que estar en vigor antes del 21 de diciembre de 2025, con el objetivo de que comience a aplicarse el 1 de enero de 2026, en línea con los plazos establecidos por Bruselas. La Comisión Europea estima que el refuerzo del control sobre activos digitales permitirá recaudar hasta 2.400 millones de euros adicionales, informaron.
Desde el sector profesional, José Antonio Bravo Mateu, especializado en fiscalidad cripto y miembro de Fiscal Crypto, ha explicado que DAC8 también implicaría la creación de una base de datos común en toda la UE, la cual sería accesible por las distintas administraciones tributarias. A partir de abril de 2027, la información disponible sobre los contribuyentes podría ser mucho más amplia, agregó.
Bravo recordó además que este paso no es aislado. La Directiva DAC8 es, en realidad, la versión europea del Marco de Información sobre Criptomonedas (CARF) impulsado por la OCDE, lo que posiblemente implique que esta obligación se extienda próximamente a escala global.
“No va a haber proveedor de servicios con criptomonedas que no informe, como ya ocurre con las normas de KYC”, advirtió Bravo. “Si pasas por un exchange o un custodio, Hacienda va a saber todo sobre ti. Advertidos estáis”, concluyó.
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