El viernes, Tornado Cash anunció que estaba utilizando contratos de oráculo de Chainalysis para bloquear las direcciones de las billeteras sancionadas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos, u OFAC, por sus siglas en inglés. La medida se produce luego de que el Departamento del Tesoro de EE.UU. vinculara al colectivo norcoreano Lazarus Group como presunto autor del reciente exploit de más de USD 600 millones del Ronin Bridge. Tal y como cuenta la firma de análisis blockchain, Elliptic, los hackers han enviado aproximadamente USD 80.3 millones en Ether a través de Tornado Cash. "Mantener la privacidad financiera es esencial para preservar nuestra libertad; sin embargo, no debería ser a costa del incumplimiento", dijo el equipo de Tornado Cash.

Tornado Cash es un popular servicio de mezcla de criptomonedas que se utiliza para ofuscar el rastro de las transacciones en aras de la privacidad. El Chainalysis Sanctions Oracle puede validar si una dirección de billetera de criptomonedas ha sido incluida en una designación de sanciones de los EE.UU., la UE o la ONU. Pero el cofundador de Tornado Cash, Roman Semenov, aclaró posteriormente que el instrumento solo bloquea el acceso a la interfaz de la aplicación descentralizada, o DApp, y no al contrato inteligente subyacente.

Ha habido rastros de Tornado Cash en varias actividades financieras descentralizadas controvertidas. En el exploit de 375 millones a Wormhole a mediados de febrero, los hackers experimentaron con Tornado Cash utilizando fondos robados. El mismo mes, el equipo de LooksRare también utilizó parcialmente Tornado Cash para sacar más de USD 30 millones en criptomonedas. En un reciente ataque de phishing al Discord de Rare Bears, en el que se obtuvieron USD 800,000 en NFT, los hackers también canalizaron los fondos robados a través de Tornado Cash. También han surgido informes de que los fondos de un exploit de USD 33 millones de Crypto.com estaban siendo blanqueados a través de la DApp.

Sin embargo, parece que Semenov se ha hartado de la asociación del protocolo con supuestas actividades ilícitas, discutiendo la posible pena de cárcel por el incumplimiento normativo al bloquear el acceso a las personas incluidas en las listas de sanciones.

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