En los Estados Unidos se está llevando a cabo una represión contra individuos que compran y venden material de abuso sexual infantil (CSAM) utilizando criptomonedas.
Los senadores estadounidenses Elizabeth Warren y Bill Cassidy quieren asegurarse de que las agencias federales estén completamente equipadas para rastrear transacciones de criptomonedas vinculadas con la venta de contenido de abuso infantil.
En un esfuerzo por poner fin al CSAM, se solicitó al Departamento de Justicia (DOJ) y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que revelen sus capacidades técnicas actuales.
Los senadores citaron un estudio de Chainalysis de enero de 2024, que sugirió un aumento en el uso de criptomonedas en el comercio ilícito de CSAM.
Chainalysis encontró que los vendedores de material de abuso infantil están utilizando "mezcladores" y "monedas de privacidad" como Monero (XMR) para blanquear sus ganancias y evadir a las autoridades.
En una carta dirigida al Fiscal General Merrick Garland y al Secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, los senadores estadounidenses solicitaron información sobre las capacidades actuales del Departamento de Justicia (DOJ) y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para identificar y perseguir estos delitos.
Las "normas actuales contra el lavado de dinero (AML) y los métodos de aplicación de la ley enfrentan desafíos para detectar y prevenir estos delitos de manera efectiva".
La carta contenía seis preguntas, tres de las cuales tenían como objetivo evaluar los hallazgos independientes de las agencias federales sobre el vínculo de las criptomonedas con la pornografía infantil (CSAM). El resto era para identificar la necesidad de nuevas herramientas para identificar y enjuiciar a vendedores y compradores.
Los senadores solicitaron una respuesta a las preguntas antes del 10 de mayo.
La capacidad técnica actual del DOJ para examinar las transacciones con criptomonedas permitió el enjuiciamiento del exchange de criptomonedas KuCoin y dos de sus fundadores.
El 26 de marzo, el Departamento de Justicia (DOJ) acusó a KuCoin y a sus dos fundadores de "conspirar para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia" e infringir la Ley de Secreto Bancario.
“Al no implementar políticas básicas contra el lavado de dinero (AML), los acusados permitieron que KuCoin operara en las sombras de los mercados financieros y se usara como refugio para el lavado de dinero ilícito”.
Según el Departamento de Justicia, KuCoin recibió más de $5 mil millones y envió más de $4 mil millones de "fondos sospechosos y delictivos".
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