El nuevo proyecto de ley de cripto de Venezuela, que establece el marco legal para la industria, entró oficialmente en vigor el 31 de enero. El decreto fue publicado en el medio de comunicación oficial del gobierno, Gaceta Oficial.
El conjunto de reglas para mineros, empresarios de cripto y comerciantes regulares fue aprobado inicialmente por la Asamblea Nacional Constituyente (una alternativa al Parlamento del país, creada en 2017) en noviembre de 2018.
El documento titulado "Decreto Constitutivo sobre el Sistema Integral de Activos de Cripto" contiene 63 artículos. Ofrece definiciones breves de términos clave de cripto, como criptoactivos, blockchain, minería, cripto, etc. Introduce el concepto de un criptoactivo soberano (cualquier moneda emitida en Venezuela y autorizada por el gobierno).
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El decreto también establece licencias obligatorias para las entidades mineras y los exchanges de cripto, e introduce multas para las actividades sin licencia.
El proyecto de ley faculta al Sunacrip (un organismo nacional de control de cripto establecido en 2018) para inspeccionar la totalidad de las actividades comerciales relacionadas con la cripto en el país. De acuerdo con el artículo 11, el organismo debe monitorear a los mineros digitales, los exchanges y cualquier otro servicio financiero que pueda servir como intermediarios en el mercado venezolano de criptomonedas.
Además, el mismo artículo establece que Sunacrip podrá controlar la "creación, emisión, transferencia, comercialización e intercambio" de todos los criptoactivos dentro de Venezuela.
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El portal de cripto en español Criptonoticias informó que esta parte del documento le da a Sunacrip la capacidad de controlar cualquier plataforma comercial de cripto en el país, ya sea local o internacional, centralizada o descentralizada.
Además, el decreto describe los procedimientos de registro para los exchange de criptomonedas, monederos y entidades mineras. El artículo 28 introduce varios tipos diferentes de licencias para las startup de cripto, en función de sus volúmenes comerciales, los tipos de criptoactivos que gestionan y otros criterios. Según se informa, el Sunacrip considerará todas las solicitudes de licencias y establecerá tarifas públicas para las empresas de cripto a su discreción.
En caso de que una empresa relacionada con la cripto infrinja las normas de concesión de licencias o no se registre correctamente en el Sunacrip, sus propietarios pueden ser castigados con entre uno y tres años de prisión y multados con 50 y 100 criptoactivos soberanos (entre USD 3.000 y 6.000).
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El decreto también establece que el Sunacrip puede inspeccionar a las empresas mineras e incluso confiscar los equipos, si la empresa no cumple con las nuevas normas introducidas. Tan pronto como el hardware es confiscado, puede ser dispuesto o utilizado para "fines sociales", dice el artículo 37.
Petro (la criptomoneda venezolana respaldada por el petróleo lanzada en octubre de 2018) no se menciona en el decreto. Sin embargo, sus características coinciden con la descripción del criptoactivo soberano, ya que fue emitido en Venezuela y aprobado por el gobierno.
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Como informó Cointelegraph a principios de este mes, Venezuela se enfrenta ahora a una grave crisis económica y política. Juan Guaido (el autoproclamado presidente del país, apoyado por muchos líderes locales e internacionales) coincide con los expertos que escribieron anteriormente que Petro no es más que una "cortina de humo" para encubrir la hiperinflación.