El Superintendente de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip) de Venezuela, Joselit Ramírez fue incluido en una lista de representantes del gobierno chavista de Venezuela sobre los que pesan importantes acusaciones de la Fiscalía de Estados Unidos como narco-terrorismo, legitimación de capitales y conspiración para traficar drogas hacia suelo estadounidense. El funcionario fue denunciado concretamente por la Fiscalía de Nueva York, y se le acusó junto con otros 14 funcionarios.

La noticia se dio a conocer este jueves 26 de marzo, cuando el fiscal general de los Estados Unidos William P. Barr anunció los cargos en una conferencia donde también participó el jefe de la Administración de Control de Drogas y los principales fiscales federales en Manhattan y Miami. En esta alocución también se acusó a Nicolás Maduro (por el que se ofreció una recompensa de 15 millones de dólares), principal figura del chavismo, así como a Diosdado Cabello, y otros líderes del régimen venezolano (por algunos de los cuales se ofrecieron hasta 10 millones de dólares como recompensa).

Como parte del esquema criminal del que fueron acusados estos funcionarios del régimen, se denunciaron nexos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), junto con quienes estarían operando para llenar el mercado estadounidense de drogas. Parte de los fondos ilícitos se habrían estado lavando con criptomonedas, aunque no queda claro con cuál de ellas.

De acuerdo con el fiscal Barr, los cargos estaban contenidos en cuatro acusaciones separadas, dos presentadas en Nueva York y una en Miami y Washington, dijo Barr. Llama la atención la inclusión de Ramírez en la lista, pues a pesar de que el petro fue creado como un instrumento para evadir las sanciones económicas impuestas por la administración de Donald Trump, no ha logrado el funcionamiento esperado.

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Un elemento que destaca de esta acusación es que ni las criptomonedas ni el petro son parte de los delitos de los que se le acusa a Ramírez. 

De hecho, la acusación formal alega que desde febrero de 2017 hasta marzo de 2019, tanto El Aissami como Ramírez “trabajaron con personas estadounidenses y entidades con sede en los EE. UU. Para proporcionar servicios de vuelos privados en beneficio de la campaña presidencial de Maduro 2018, en violación de las sanciones de la OFAC dirigidas a Maduro después de organizarse elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente ilegítima que ahora dirige Diosdado Cabello Rondón”, como se lee en el documento oficial. 

La relación entre El Aissami y Ramírez se remonta a los tiempos del primero como gobernador de Aragua, donde el hoy superintendente era su hombre de confianza. Recordemos que Ramírez fue designado como Superintendente el pasado 20 de junio de 2018, sustituyendo a Carlos Vargas, quien fue el primero en recibir el cargo. 

CoinTelegraph en Español se comunicó con Ramírez para tener sus comentarios sobre el hecho, pero, al momento de la publicación, no se ha recibido respuesta.

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