En Uruguay, el 11 de setiembre se aprobó un proyecto de ley de fomento del emprendedurismo, que en su artículo 50 regula a las plataformas de financiamiento colectivo o “crowdfunding”, y que podría aplicarse a algunas ICO. Así lo informó la abogada Paula Rodríguez Medalla, en el sitio web Administre su riesgo.

"Esta ley tiene por objeto promover el espíritu emprendedor, la creación de empresas y el acceso al capital emprendedor en el país, y establece la creación de sociedades por acciones simplificadas para facilitar los trámites a realizar por las startups", explicó Rodríguez Medalla.

Además, la abogada resaltó que el proyecto incluye un capítulo sobre un sistema de financiamiento colectivo mediante plataformas web o digitales, a las cuales define como “mercados de negociación de valores de oferta pública abiertos a la participación directa de los inversores, y reservados a emisiones de monto reducido”. La ley dispone que el Banco Central establecerá límites máximos de emisión.

Cabe destacar que el proyecto designa a la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay como autoridad de control, reglamentación y fiscalización de estas plataformas, que deberán solicitar autorización previa para operar.

"Sin duda esta norma supone un nuevo marco legal para algunas ICO dedicadas al financiamiento colectivo, por lo que será esencial estar atentos a la regulación que el Banco Central del Uruguay emita sobre la materia", comentó Rodríguez Medalla.

Una ICO (oferta inicial de dinero) es un método de recaudación de dinero para apoyar un proyecto nuevo a través de criptomonedas. Suele ser usada por empresas que están comenzando para evitar un proceso estricto y demasiado regulado de adquisición de capital requerido por capitales de riesgo o bancos

En una campaña ICO, se suele vender un porcentaje de criptomonedas a los entusiastas del proyecto a cambio de ciertos medios de pago o también de criptomonedas. Las ICO comparten características de las IPO y los crowdfunding.  

Sobre Paula Rodríguez Medalla

Es abogada y cuenta con un Postgrado en Derecho Penal Económico en la UM. Está certificada en la Prevención del Lavado de Activos por ISEDE, Escuela de Negocios, y actualmente cursa el Máster en Cumplimiento Normativo de la Universidad de Castilla – La Mancha, España. Cuenta también con experiencia trabajando en la prevención de lavado de activos para el sector financiero. 

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