Una coalición de empresas de criptomonedas ha instado al Congreso a presionar al Departamento de Justicia para que modifique una interpretación "sin precedentes y excesivamente expansiva" de las leyes que se utilizaron para acusar a los desarrolladores del mezclador de criptomonedas Tornado Cash.
Una carta del 26 de marzo, firmada por 34 empresas y grupos defensores de criptomonedas y enviada al Comité Bancario del Senado, al Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes y a los comités judiciales de la Cámara y el Senado, afirmó que la postura del DOJ sobre negocios de transmisión de dinero sin licencia significa que "esencialmente cada desarrollador de la blockchain podría ser procesado como criminal".
La carta, liderada por el DeFi Education Fund y firmada por entidades como Kraken y Coinbase, añadió que la interpretación del Departamento de Justicia "crea confusión y ambigüedad" y "amenaza la viabilidad del desarrollo de software basado en EEUU. en la industria de criptoactivos".
El grupo indicó que el DOJ debutó con su posición "en agosto de 2023 mediante una acusación penal", el mismo momento en que acusó a los desarrolladores de Tornado Cash, Roman Storm y Roman Semenov, de lavado de dinero.
Storm ha sido liberado bajo fianza, se ha declarado inocente y quiere que se desestimen los cargos. Semenov, un nacional ruso, está prófugo.
Fuente: DeFi Education Fund
El DOJ ha presentado cargos similares contra los cofundadores de Samourai Wallet, Keonne Rodriguez y William Lonergan Hill, quienes también se han declarado inocentes.
La carta del grupo de criptomonedas argumentó que dos secciones del Código de EE.UU. definen un "negocio de transmisión de dinero", la sección 5330 del Título 31, que define quién debe estar licenciado, y la sección 1960 del Título 18, que penaliza operar sin licencia.
Añadió que la guía de 2019 de la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro (FinCEN) dio ejemplos de actividades de transmisión de dinero y afirmó que "si un desarrollador de software nunca obtiene posesión o control sobre los fondos de los clientes, ese desarrollador no está operando un 'negocio de transmisión de dinero'".
La carta argumentó que el DOJ había tomado una posición de que la definición de un negocio de transmisión de dinero bajo la sección 5330 "no es relevante para determinar si alguien está operando un 'negocio de transmisión de dinero' sin licencia bajo la sección 1960", a pesar de la "similitud intencional" en ambas secciones y la guía de FinCEN.
El grupo acusó al DOJ de ignorar tanto la guía de FinCEN como partes de la ley para perseguir su propia interpretación de un negocio de transmisión de dinero cuando acusó a Storm y Semenov.
Dijeron que el resultado había visto "dos agencias gubernamentales de EE.UU. separadas con interpretaciones conflictivas de 'transmisión de dinero', una posición poco clara e injusta para los participantes e innovadores de la industria que cumplen con la ley".
La carta afirmó que, si no se aborda, la interpretación del Departamento de Justicia expondría a los desarrolladores de software no custodios "dentro del alcance de EE.UU. a responsabilidad penal".
“El miedo resultante, y muy racional, entre los desarrolladores terminaría efectivamente con el desarrollo de estas tecnologías en Estados Unidos.”
En enero, Michael Lewellen, miembro del grupo de defensa de criptomonedas Coin Center, demandó al Fiscal General Merrick Garland para que se declarara legal su lanzamiento planeado de software no custodial y para bloquear al DOJ de usar leyes de transmisión de dinero para procesarlo.
Lewellen dijo que el DOJ "ha comenzado a procesar penalmente a personas por publicar software de criptomonedas similar", lo que, según él, extendió la interpretación de las leyes de transmisión de dinero "más allá de lo que permite la Constitución".
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