El 12 de octubre, la Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), dependiente del Banco Central francés, publicó un resumen de su consulta pública sobre un marco regulador para las finanzas descentralizadas (DeFi).
La consulta pública duró dos meses, de abril a mayo de 2023, en respuesta al documento inicial en el que se debatía la posible regulación de DeFi en el país. Las contribuciones externas llevaron a la ACPR a revelaciones sorprendentes, especialmente en lo que respecta a la persistencia estructural de los patrones de centralización:
“La ACPR cree, por tanto, que el término finanzas 'desintermediadas' es más apropiado que el de finanzas 'descentralizadas'.”
El riesgo operativo de este "paradójico alto grado de concentración" en DeFi afecta a la infraestructura física que aloja los nodos de blockchain, en la que los proveedores de servicios en la nube desempeñan un papel central.
Según el resumen, la "gran mayoría" de los encuestados aboga por que DeFi siga desplegándose en blockchains públicas en lugar de en las privadas o autorizadas. Sin embargo, admiten que estas blockchains deben auditarse periódicamente. Las propuestas para regular los intermediarios y certificar los contratos inteligentes también obtuvieron un amplio consenso.
En conclusión, la ACPR considera "aconsejable" elaborar normas para la certificación de contratos inteligentes, definir una gobernanza que proteja a los clientes de DeFi y establecer medidas de apoyo a las infraestructuras de blockchain de DeFi.
El 11 de octubre, la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) también intervino en el debate sobre DeFi. En un informe de 22 páginas, la ESMA admitió los beneficios prometidos de DeFi, como una mayor inclusión financiera, el desarrollo de productos financieros innovadores y la mejora de la velocidad, la seguridad y los costes de las transacciones financieras, al tiempo que destacaba sus "riesgos significativos."
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