La Autoridad Bancaria Europea (EBA), la agencia reguladora europea encargada de abordar las deficiencias del sector bancario, publicó dos conjuntos de directrices, incluida una guía específica para los proveedores de servicios de pago (PSP) y los proveedores de servicios de criptoactivos (CASP).

El 14 de noviembre, la EBA publicó unas directrices que especifican lo que los PSP y los CASP deben hacer para cumplir los regímenes de medidas restrictivas nacionales y de la Unión Europea al transferir fondos o criptomonedas. Según la EBA, las directrices garantizan la aplicación de las sanciones nacionales y de la UE. La EBA escribió

“Estas Directrices aclaran cómo las políticas y procedimientos de medidas restrictivas interactúan con los marcos más amplios de gobernanza y gestión de riesgos de las instituciones financieras, para evitar riesgos operativos y legales para las instituciones financieras y garantizar una aplicación efectiva de las medidas restrictivas.”

La EBA señaló que las deficiencias en los controles, las políticas internas y los procedimientos pueden plantear riesgos jurídicos y de reputación a las entidades financieras, incluidos los PSP y los CASP.

Además, las deficiencias en estos ámbitos dentro de las organizaciones financieras también podrían “socavar la eficacia” de los regímenes de medidas restrictivas de la UE. La EBA destacó que esto podría llevar a eludir las normas, lo que afectaría a la estabilidad del ecosistema financiero de la UE.

Según la EBA, las directrices se aplicarán a partir del 30 de diciembre de 2025.

Los proveedores de criptomonedas deben cumplir las medidas restrictivas de la UE

Según la EBA, los PSP y los CASP que realicen transferencias de fondos o criptomonedas deberán elegir un sistema de control fiable que les permita cumplir sus obligaciones en materia de “medidas restrictivas”.

Las directrices también obligan a los PSP y los CASP a filtrar la información para gestionar los riesgos de que entidades o particulares infrinjan las medidas restrictivas de la UE. Además, los PSP y los CASP también deben gestionar los riesgos de que los usuarios puedan eludir las medidas restrictivas establecidas por los reguladores de la UE.

Base jurídica y antecedentes de las directrices

La EBA señaló que, en 2021, la Comisión Europea publicó un paquete legislativo para reformar el marco de la UE contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Esto incluye una propuesta de nuevas normas sobre información en transferencias de fondos y criptomonedas.

Las normas se adoptaron el 9 de junio de 2023 y se aplicarán el 30 de diciembre de 2024. Las normas también obligan a la EBA a publicar directrices para ayudar a las entidades financieras a cumplir la próxima normativa.

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