El Consejo Europeo ha llegado a un acuerdo para formar un organismo de lucha contra el blanqueo de capitales que tendrá autoridad para supervisar a determinados proveedores de servicios de criptoactivos, o CASP.

En un anuncio realizado el miércoles, el consejo dijo que había acordado una posición parcial de una propuesta para poner en marcha una autoridad dedicada a la lucha contra el blanqueo de dinero, o AMLA. Según el organismo regulador, la entidad AMLA tendrá la autoridad para supervisar "las entidades financieras de alto riesgo y transfronterizas", incluidas las empresas que manejan servicios de criptomonedas - "si se consideran de riesgo".

El miembro del Parlamento Europeo Ondřej Kovařík dijo que los funcionarios de la UE también habían alcanzado un "acuerdo político provisional" sobre el Reglamento de Transferencia de Fondos del organismo gubernamental. No están claros todos los detalles de la revisión al cierre de esta edición, pero Cointelegraph informó de que un borrador de marzo del reglamento podría exigir a los proveedores de servicios de criptomonedas que recopilen datos personales relacionados con las transferencias de cualquier tamaño realizadas desde y hacia billeteras personales, así como que potencialmente verifiquen su exactitud.

"Estamos poniendo fin al salvaje oeste de las criptomonedas no reguladas, cerrando importantes lagunas en las normas europeas contra el blanqueo de capitales", dijo el miembro del Parlamento Europeo Ernest Urtasun. "Las normas no se aplicarán a las transferencias P2P en las que no haya ninguna entidad obligada implicada [...] Los CASP deberán recopilar información y aplicar medidas de diligencia debida reforzadas con respecto a todas las transferencias que impliquen billeteras personales, en función del riesgo".

Propuesta por primera vez en julio de 2021, la AMLA debería entrar en funciones en 2024 y "comenzar la labor de supervisión directa al poco tiempo", según la Comisión Europea. El organismo de supervisión financiera será una de las primeras instituciones reguladoras con autoridad para supervisar el blanqueo de capitales en grandes regiones de Europa, coordinándose con las unidades de inteligencia financiera de los respectivos países y trabajando con los reguladores locales.

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