Menos de una semana después de que se eliminara la posible prohibición de los activos digitales basados en el consenso de prueba de trabajo (PoW) del futuro marco MiCA de la UE, podría estar surgiendo una nueva amenaza para el sector de las criptomonedas en la Unión Europea. Esta vez, son las billeteras no custodiadas, o no alojadas, los que están en el punto de mira de los reguladores.

El jueves 31 de marzo, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo votará un paquete normativo contra el blanqueo de capitales (AML) que pretende revisar el actual Reglamento de Transferencia de Fondos (TFR) de forma que se amplíe la obligación de las instituciones financieras de adjuntar información sobre las partes que realizan las transacciones a criptoactivos. Los ponentes del reglamento son Ernest Urtasun, de los Verdes, y Assita Kano, del grupo de Conservadores y Reformistas.

Como advirtió el defensor de las criptomonedas, Patrick Hansen, de la firma de blockchain Unstoppable DeFi, el último borrador del reglamento exigiría a los proveedores de servicios de criptomonedas no solo recopilar datos personales relacionados con las transferencias realizadas desde y hacia billeteras no alojadas (como ya están obligados a hacer), sino también "verificar la exactitud de la información con respecto al originador o beneficiario detrás de dicha billetera no alojada".

El problema obvio con este lenguaje es que en muchos casos puede ser difícil, si acaso no imposible, para los proveedores de servicios de criptomonedas verificar una contraparte "no alojada". Así, para seguir cumpliendo con la normativa y salvaguardar su lugar en el mercado de la UE, estas empresas se verían obligadas a cortar las transacciones con este tipo de billeteras, teme Hansen.

Incluso si los legisladores establecieran algunas directrices para los procedimientos de verificación, los posibles costes operativos del cumplimiento probablemente ahuyentarían a las empresas más pequeñas y conducirían a una mayor concentración del mercado.

El proyecto también incluye la obligación de informar a las "autoridades competentes en materia de lucha contra el blanqueo de capitales" de cualquier transferencia por valor de 1,000 euros o más hacia o desde una billetera no alojada. Además, en el plazo de un año tras la promulgación del proyecto de ley, la Comisión de la UE deberá evaluar si son necesarias "medidas específicas adicionales para mitigar los riesgos" de dichas transacciones.

No está muy claro qué medidas adicionales podrían implicar, pero, como advirtió Hansen, esto podría significar cualquier cosa hasta la prohibición total de las billeteras no custodiadas.

Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.

Sigue leyendo: