El 28 de abril de 2025, la península ibérica vivió un episodio inédito: un apagón eléctrico masivo afectó simultáneamente a España, Portugal, Andorra y partes del sur de Francia. Durante varias horas millones de personas quedaron sin suministro eléctrico. Lo que comenzó como una falla técnica de gran escala terminó revelando un problema aún más profundo y sistémico: la dependencia casi total de la electricidad y las telecomunicaciones para sostener algo tan básico como la capacidad de pagar.

El corte no solo dejó a oscuras viviendas, hospitales y calles. También desconectó redes móviles, interrumpió el acceso a internet y paralizó los servicios financieros digitales. Los terminales de punto de venta no funcionaban, los cajeros automáticos estaban fuera de servicio y las aplicaciones móviles de pago quedaron inutilizables. Comercios y consumidores, acostumbrados a un ecosistema financiero casi enteramente digitalizado, se vieron de pronto sin herramientas funcionales para realizar transacciones cotidianas.

Una digitalización sin infraestructura resiliente

La transformación digital de los sistemas de pago es un proceso que ya no tiene vuelta atrás. Las transferencias inmediatas, los pagos móviles y las billeteras digitales son parte integral de la vida económica contemporánea. A este entorno se suma ahora el desarrollo del euro digital, una moneda emitida por el Banco Central Europeo pensada para complementar el efectivo en el nuevo ecosistema monetario.

Sin embargo, esta transición (aunque necesaria) se apoya sobre una condición previa: la existencia de una infraestructura crítica que funcione de forma estable y segura. El apagón dejó claro que dicha condición no puede darse por sentada.

En ausencia de energía y conectividad, incluso los sistemas más sofisticados se tornan inútiles. Lo digital no es etéreo: necesita servidores, redes, dispositivos cargados, antenas activas. Sin estos elementos, el acceso al dinero o incluso la idea misma de "tener dinero" se convierte en una promesa inaccesible, al menos temporalmente.

¿Qué es una CBDC y qué papel puede jugar ante un apagón masivo?

Una CBDC (por sus siglas en inglés, Central Bank Digital Currency) es una moneda digital emitida directamente por un banco central, diseñada para coexistir con el efectivo y con los depósitos bancarios tradicionales. A diferencia de las criptomonedas descentralizadas, una CBDC está respaldada por el Estado y busca mantener la estabilidad del sistema financiero, mejorar la inclusión financiera y ofrecer una alternativa pública segura en el ecosistema de pagos digitales.

En el caso de Europa, el proyecto del euro digital avanza como una respuesta a la creciente digitalización de la economía. Su objetivo es permitir que ciudadanos y empresas puedan realizar pagos electrónicos directos, seguros y gratuitos dentro de la zona euro, incluso sin necesidad de una cuenta bancaria tradicional.

Sin embargo, el apagón en la península ibérica plantea un interrogante crucial: ¿cómo funcionaría una CBDC si se produce una interrupción simultánea del suministro eléctrico y de las telecomunicaciones?

Aunque en teoría una moneda digital pública puede ser diseñada para operar incluso sin conexión a internet, mediante soluciones como tarjetas o dispositivos con tecnología NFC (comunicación de corto alcance), estos aún requieren alimentación eléctrica mínima y dispositivos compatibles. En un escenario donde la energía eléctrica y la conectividad fallan en forma generalizada, ni siquiera una CBDC avanzada podría garantizar su funcionamiento pleno sin un respaldo físico o mecanismos de contingencia.

Por tanto, el caso del apagón ibérico no solo destaca la necesidad de fortalecer la infraestructura energética y de telecomunicaciones, sino también de diseñar una CBDC verdaderamente resiliente, con capacidades de operación offline reales y escalables. De lo contrario, el riesgo de exclusión financiera temporal podría trasladarse, o incluso agravarse, en una sociedad donde el efectivo haya sido completamente reemplazado.

Vulnerabilidad social en contextos de crisis

Este tipo de fallos no afectan a todos por igual. Mientras algunas personas cuentan con generadores, baterías portátiles o alternativas para conectarse, otras especialmente en zonas rurales o sectores más desfavorecidos dependen completamente de lo que provee el sistema público. En estos contextos, la imposibilidad de realizar un pago no es solo un inconveniente: puede convertirse en una amenaza directa al bienestar, cuando se trata de adquirir alimentos, medicinas o transporte.

Los sistemas de pago no son simplemente una cuestión tecnológica; son un derecho funcional en una sociedad moderna. Y como tal, deben contar con vías de respaldo ante situaciones extraordinarias. Hoy, ese respaldo suele ser el efectivo, pero su uso ha disminuido drásticamente en algunos entornos urbanos. La discusión que plantea el apagón no es nostálgica ni conservadora, sino práctica: ¿cómo garantizamos la continuidad de las transacciones cuando falla la infraestructura que las sostiene?

Un debate que va más allá de la tecnología

No se trata únicamente de desarrollar sistemas más avanzados. Se trata de reforzar la infraestructura que permite que esos sistemas funcionen. La digitalización no puede ser entendida solo como una evolución tecnológica, sino también como un rediseño institucional que debe incluir criterios de resiliencia, redundancia y accesibilidad.

Esto implica:

  • Reforzar las redes eléctricas y de telecomunicaciones con criterios de continuidad operativa ante emergencias.
  • Desarrollar mecanismos de pago offline seguros y accesibles, que permitan realizar operaciones incluso sin conexión a la red.
  • Mantener, al menos de forma complementaria, opciones no digitales que sirvan como salvaguarda en situaciones excepcionales.
  • Incluir en los planes de contingencia a los sistemas financieros y de pagos como infraestructuras esenciales, tal como lo son los hospitales o los servicios de agua potable.

Un recordatorio necesario

El apagón de 2025 no fue causado por un ciberataque ni por una catástrofe natural, sino por una falla sistémica en la gestión energética. Sin embargo, sus efectos nos recuerdan que incluso las sociedades más tecnológicamente avanzadas son frágiles ante la interrupción de servicios básicos.

Si se aspira a una economía plenamente digital, es indispensable garantizar que las condiciones que la hacen posible estén protegidas y preparadas para lo inesperado. Porque no se trata solo de cómo pagamos, sino de cómo sostenemos la continuidad de la vida cotidiana en contextos donde lo digital ha dejado de ser opcional para convertirse en estructura.

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