La Agencia de Servicios Financieros de Japón (FSA) está considerando la regulación de las empresas no registradas que solicitan inversiones en criptomonedas, informa Cointelegraph Japan el 8 de enero.

Según se informa, se trata de un intento de cubrir una deficiencia en el marco reglamentario existente en el país, en el que las empresas no registradas que recaudan fondos en criptomonedas en lugar de fiduciarias permanecen en una zona gris.

Esta situación se debe a que estas empresas no entran explícitamente en el ámbito de aplicación de la Ley de Instrumentos Financieros y Cambiarios de Japón, que prohíbe a las empresas no registradas recaudar fondos de inversión en efectivo, pero no menciona los fondos recaudados en forma de criptomonedas.

Como señala CT Japan, el ímpetu para reconsiderar la situación actual de estas empresas fue puesto de relieve el otoño pasado, cuando la policía de Tokio arrestó a ocho hombres sospechosos de operar un esquema piramidal, que supuestamente recaudó un total de 7.800 millones de yenes (USD 68,4 millones) tanto en efectivo como en criptomonedas de alrededor de 6.000 inversores de 44 prefecturas, incluida Tokio.

En el momento de la detención, se consideró que los sospechosos estaban solicitando muchas inversiones en criptomonedas en lugar de dinero en efectivo en un intento de eludir la regulación de sus operaciones no autorizadas.

CT Japan cita a una fuente que, según se informa, dijo al diario local Sankei que si toda la operación se hubiera limitado a fondos en criptomonedas, "existía la posibilidad de que el esquema no se hubiera podido exponer".

La revisión por parte de la FSA de las disposiciones reglamentarias existentes tiene por objeto, según se informa, evitar la repetición de tales casos.

Como se informó anteriormente, Japón tiene una historia accidentada con las criptomonedas, siendo el anfitrión de los hacks de criptobolsas de mayor perfil de la industria hasta la fecha, incluyendo Mt. Gox en 2014 y Coincheck a principios de 2018. Desde este último en particular, la FSA ha intensificado su escrutinio de las prácticas comerciales de las criptobolsas, y ha fortalecido el proceso de selección de riesgos de los solicitantes de su licencia oficial obligatoria de operación de bolsa.

A principios de este mes, otras cinco criptobolsas se unieron a la Virtual Currency Exchange Association (JVCEA) del país, un organismo autorregulador que se formó en abril de 2018 en un intento por establecer estándares de seguridad para todos los inversionistas de la industria. La FSA ha concedido formalmente a la JVCEA el estatus de autorregulación a partir de octubre del año pasado.

Las recientes medidas de la FSA para aclarar las ambigüedades que aún persisten con respecto a la regulación de las criptomonedas incluyen la consideración del organismo de control de colocar las criptomonedas en una nueva categoría legal denominada "criptoactivos", con la "esperanza de que los comerciantes dejen de comprarlas creyendo que son monedas de curso legal reconocidas por el gobierno".

La FSA también se propone introducir nuevas regulaciones iniciales sobre las ofertas de monedas (ICO) para proteger a los inversionistas del fraude, exigiendo a los operadores de la ICO que se registren ante el organismo de control, y desarrollando un nuevo sistema de clasificación de tokens que haría que ciertas tokens estuvieran sujetas a la regulación de la liquidación.