El juez que supervisa el caso de quiebra de Celsius ha ordenado al examinador y al comité oficial de acreedores de Celsius que determinen quién dirigirá una investigación sobre si la empresa operaba como un esquema Ponzi.

La orden durante la audiencia del 1° de noviembre se produjo en respuesta a las alegaciones de los clientes de que Celsius había utilizado los activos de los nuevos usuarios para pagar los rendimientos y facilitar los retiros a los usuarios existentes, y como resultado, encaja en la definición legal de un esquema Ponzi.

El juez había aprobado el 9 de septiembre el nombramiento de un examinador independiente para que analizara aspectos del negocio de Celsius, a raíz de las peticiones de mayor transparencia en sus operaciones, como los procedimientos de pago de impuestos y el motivo por el que algunos clientes fueron trasladados a cuentas diferentes.

No es la primera vez que se acusa al asediado prestamista de operar como un esquema Ponzi, ya que el protocolo de finanzas descentralizadas (DeFi) KeyFi alegó que Celsius actúa como uno cuando demandó a la empresa el 7 de julio.

Celsius se acogió al Capítulo 11 de bancarrota el 13 de julio, citando un desplome de los valores de las criptomonedas y malas decisiones de despliegue de activos, y el caso ha estado procediendo a través del sistema judicial desde entonces.

En la audiencia del 1° de noviembre, el juez federal, Martin Glenn, también dijo a Celsius que tendrían que incluir más detalles en su moción del 11 de octubre para pagar casi 3 millones de dólares a 62 empleados como parte de un plan de retención de empleados clave (KERP, por sus siglas en inglés), con Law360 citando al juez cuando dijo:

"Me sorprendió ver las redacciones. Nunca había visto a nadie intentar redactar todo".

Glenn se refiere a una sección de la moción que describe a los participantes de la bonificación, en la que se han redactado todos los detalles relativos a las personas y se encuentran disponibles para el público, incluidos sus salarios y descripciones de trabajo.

El 27 de octubre, el síndico de los Estados Unidos presentó una objeción al KERP, cuestionando la falta de métricas identificables dentro de la moción para justificar un esquema de bonificación tan costoso y que impedía a las partes interesadas argumentar si algunos participantes podían ser considerados como insiders y, por lo tanto, no elegibles para un KERP.

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