El Ministerio de Economía y Finanzas de Corea del Sur está considerando la posibilidad de imponer un impuesto del 20% sobre los ingresos de las transacciones de criptomonedas.

De acuerdo con un informe publicado por el periódico local en inglés The Korea Times el 20 de enero, el ministerio supuestamente le había ordenado a su oficina de ingresos que revisara los impuestos de criptomonedas. The Korea Times citó a un oficial anónimo que supuestamente dijo que el ministerio no ha finalizado su plan, pero indicó que el gobierno puede imponer un impuesto del 20% sobre los criptoingresos.

Las noticias de la tasa propuesta siguen a los informes de principios de este mes de que Corea del Sur está redactando un régimen de impuestos para las ganancias hechas del comercio de criptomonedas. 

La claridad de los criptoimpuestos es muy necesaria

Algunos han especulado que el gobierno puede categorizar las ganancias obtenidas a través del comercio de criptomonedas como "otros ingresos" y no como ganancias de capital. La categoría de otros ingresos también incluye las ganancias obtenidas de conferencias, compras de lotería y premios.

Un esquema claro para los impuestos de las criptomonedas es muy necesario en Corea del Sur. Esto se hizo particularmente evidente cuando, a finales de diciembre, el importante exchange de criptomonedas nacional Bithumb anunció que estaba considerando un litigio administrativo sobre un proyecto de ley de impuestos de USD 68.9 millones que cree que no tiene base legal. Informes más recientes indican que la empresa decidió seguir adelante y llevar a las autoridades fiscales a los tribunales.

Como Cointelegraph ilustró en un artículo dedicado en profundidad, la regulación de las criptomonedas en Corea del Sur ha mostrado desarrollos significativos desde que Park Yong-jin, miembro del Comité de Política Nacional del Partido Demócrata gobernante, introdujo la primera política fiscal para las criptomonedas en 2017.

En 2019, el comité de política nacional de la Asamblea Nacional aprobó un proyecto de ley que les daría más legitimidad a los activos digitales sometiéndolos a un mayor escrutinio y supervisión gubernamental.

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