Un inversor español en finanzas descentralizadas (DeFi) recibió una multa de 9 millones de euros (USD 10,5 millones) en concepto de impuestos atrasados por solicitar un préstamo respaldado por criptomonedas, según un informe de los medios locales.
En un informe publicado el jueves, el medio de comunicación español Periodista Digital afirmó haber obtenido documentos que demuestran que el inversor ya había declarado todas las operaciones con criptomonedas y pagado USD 5,84 millones en impuestos.
Tres años después, las autoridades emitieron una factura adicional no relacionada con beneficios no declarados, sino con el acto de depositar activos en un protocolo DeFi a cambio de un préstamo. Los activos no se vendieron y no se obtuvieron beneficios, según el informe.
Un asesor fiscal citado en el informe afirmó que la agencia tributaria local "ha gravado algo que, desde cualquier perspectiva económica o jurídica, no es renta". El asesor añadió que el movimiento de activos en el protocolo DeFi se trató como ganancias realizadas y que se trataba de "una interpretación sin base jurídica en la legislación española o europea".
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El informe señala que la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) de España clasificó los préstamos en stablecoins como ganancias de capital y las transferencias de tokens a protocolos como Beefy o Tarot como operaciones sujetas a tributación.
Los críticos argumentaron que esta clasificación es contraria al artículo 33 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de España, que define las ganancias de capital como aquellas que requieren un beneficio económico real y una variación en el patrimonio neto.
Según el informe, la situación refleja un problema con el sistema local de aplicación de impuestos.
Aplicación de impuestos sobre las criptomonedas en España
La agencia tributaria española lleva años advirtiendo a los holders de criptomonedas sobre los impuestos, enviando 328.000 avisos de advertencia sobre los impuestos sobre las criptomonedas para el año fiscal 2022 en 2023, seguidos de 620.000 avisos similares un año después. La normativa local también exigía a los usuarios locales de criptomonedas que declararan sus tenencias de criptomonedas extranjeras antes de finales de marzo de 2024.
De acuerdo con informes de junio, la AEAT puede acceder y confiscar las criptomonedas si no se cumplen las obligaciones fiscales. El informe sugería que los ciudadanos españoles no tienen una vía de recurso justa cuando la agencia tributaria comete un error.
La primera instancia de apelación en España en disputas fiscales es el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), un órgano administrativo dependiente del Ministerio de Hacienda. En 2020, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó que el TEAC no es un "tribunal o juzgado" independiente para la legislación de la Unión Europea.
El informe añadía que el TEAC es un tribunal administrativo bajo la autoridad y el control del Ministerio de Hacienda local. El Gobierno nombra a los funcionarios del tribunal, que son designados por la misma autoridad cuyas decisiones revisan y de la que dependen, según el TJUE.
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