Los reguladores tejanos llevan tiempo considerando los esquemas de inversión en criptomonedas como un riesgo para los inversores de Main Street, y han seguido emitiendo advertencias públicas contra posibles estafas relacionadas con las criptomonedasdurante la pandemia del COVID-19. 

La última medida de la Junta de Valores del Estado de Texas, o TSSB, es acción y no palabras: una orden de cese y desistimiento de emergencia contra una entidad que se apropia indebidamente del nombre Binance. 

Según un anuncio del 15 de marzo, el objetivo de la orden es una empresa que dice operar desde el Reino Unido, que ya fue objeto de una advertencia de los reguladores de valores en Filipinas. Ya habían advertido que Delta Crypt "ofrecía ilegalmente valores que pagaban rendimientos 'ridículos'", advirtiéndole al público que se mantuviera alejado. 

Desde entonces, aparentemente la empresa ha abandonado su antiguo nombre "Delta Crypt" y ha lanzado un plan de inversión en línea -sin estar registrada para vender valores en Texas- utilizando varias marcas engañosas como Binance Assets, BinanceAssets Ltd y Bit Kind Ltd. La TSSB resumió:

“El argumento es relativamente sencillo: invierta un poco, gane mucho y no se preocupe por el riesgo. De hecho, el 'Plan Oro' paga una rentabilidad garantizada del 30%, y el 'Plan Diamante' paga una rentabilidad garantizada del 40%.”

La TSSB ha constatado que estas ofertas son "fraudulentas y engañosas" y que Delta Crypt le ha ocultado información crucial a sus jefes, incluida la intervención previa de los organismos gubernamentales filipinos. Tampoco ha advertido a los inversores de los riesgos asociados a las inversiones en criptomonedas y ha solicitado ilegalmente a sus agentes de venta. Este último punto implica que el negocio se comprometió a pagar comisiones sin tener en cuenta los requisitos de registro o la licencia.

La TSSB es relativamente activa contra los autores de fraudes en el espacio de las criptomonedas, y recientemente emitió órdenes contra dos presuntas estafas en septiembre de 2020, que conllevaban penas de $10,000 o de dos a 10 años de cárcel, o ambas cosas.

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