Según se informa, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto firmar una orden ejecutiva en la que ordenará a los reguladores bancarios que investiguen las denuncias de desbancarización presentadas por el sector de las criptomonedas y los conservadores.

Los reguladores bancarios recibirían instrucciones de investigar si alguna institución financiera ha infringido las leyes antimonopolio, de protección financiera del consumidor o de prácticas crediticias justas, según un borrador de la orden ejecutiva al que ha tenido acceso y sobre el que ha informado The Wall Street Journal este lunes.

Aquellos que incumplan las leyes podrían enfrentarse a multas u otras acciones legales. Según se informa, Trump podría firmar la orden esta semana, pero la Casa Blanca podría retrasar o modificar el plan.

Los ejecutivos del sector de las criptomonedas llevan mucho tiempo alegando que la administración de Biden conspiró para excluir las criptomonedas del sistema financiero utilizando a los reguladores para presionar a los bancos a que rechazaran a los clientes involucrados con activos digitales.

Orden ejecutiva para exigir una revisión normativa

El borrador de la orden exige a los reguladores bancarios que eliminen cualquier política que pueda haber contribuido a que los bancos rechacen a algunos clientes, como las empresas de criptomonedas.

También ordena a la Administración de Pequeñas Empresas del Gobierno de EE.UU. que revise las prácticas bancarias que garantizan los préstamos concedidos por la agencia a las pequeñas empresas.

La orden pide a los reguladores que remitan algunas de las posibles infracciones al fiscal general del Departamento de Justicia para que les dé seguimiento.

El Journal informó en junio que la Casa Blanca tenía previsto que Trump firmara una orden similar con el objetivo de impedir que los bancos dejaran de prestar servicios a sectores como el de las criptomonedas.

Afirmaciones de "Operación Choke Point 2.0"

Ejecutivos del sector de las criptomonedas han afirmado que el expresidente Joe Biden comenzó a aislar a su sector de la banca a finales de 2022, tras el colapso de FTX, cuando se reveló que el exchange de criptomonedas era un fraude masivo.

El director jurídico de Coinbase, Paul Grewal, declaró en una audiencia del Congreso en febrero que la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) de la era de Biden "aplastó a los bancos" con exámenes y preguntas sobre las criptomonedas y las stablecoins hasta que "cedieron ante la presión".

Una demanda apoyada por Coinbase en virtud de la Ley de Libertad de Información contra la FDIC reveló que la agencia pidió a determinadas instituciones financieras que suspendieran sus actividades bancarias relacionadas con las criptomonedas, lo que, según Grewal, demostraba que la afirmación del sector "no era solo una teoría conspirativa sobre las criptomonedas".

Carta censurada enviada por la FDIC en 2022 a una empresa para pedirle que suspendiera sus actividades relacionadas con criptomonedas. Fuente: FDIC

El inversor de capital de riesgo en criptomonedas Nic Carter acuñó el término "Operación Choke Point 2.0" en febrero de 2023 para describir el fenómeno percibido de desbancarización, inspirándose en la "Operación Choke Point" del Departamento de Justicia contra los bancos y los prestamistas de día de pago en la década de 2010.

La orden de Trump también se centrará en la supuesta desbancarización política

Según se informa, la orden también investigará el papel de los bancos en la supuesta denegación o cancelación de servicios a conservadores políticos.

El borrador no nombraba a ningún banco en concreto, pero sí criticaba el papel de las instituciones financieras que, según se dice, ayudaron a los investigadores federales a investigar los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos, según informó el Journal.

Los conservadores también han afirmado que los bancos les han denegado servicios por sus creencias políticas.

El sector bancario denomina esta práctica "derisking" (reducción del riesgo) y las instituciones financieras tienen amplia discreción para cerrar cuentas, independientemente de si el titular de la cuenta supone un riesgo legal, financiero o reputacional para la empresa.

La Reserva Federal anunció en junio que dejaría de examinar el riesgo reputacional, siguiendo los pasos de la Oficina del Contralor de la Moneda y la FDIC.

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