Bitcoin nació con un fuerte espíritu libertario y anarco-capitalista. Se creyó en un fundamentalismo del libre mercado desde el principio, para mantener a los gobiernos y a los bancos lo más alejados posible. Sin embargo, ya sabemos que, si queremos que la adopción masiva sea una realidad, esa actitud del “salvaje oeste” debe ser moderada.

La realidad es la siguiente: si queremos el dinero de la gente, hay que seguir unas reglas mínimas. Y lo que ocurre en Estados Unidos es sumamente importante, debido a la relevancia de su mercado financiero. ¿Queremos un ETF? Hay que cumplir con los requisitos. Porque el inversor también quiere protección. En otras palabras, la regulación ya no es algo opcional. La regulación viene, nos guste o no.

Las redes descentralizadas que funcionan con códigos que nadie controla son difíciles de regular, porque no dependen de ninguna autoridad. Sin embargo, las personas que usan estos códigos sí están sujetas a la ley del país donde viven. Estas personas deben respetar sus deberes y derechos, como tributar o trabajar. El dinero, sobre todo si es de otros, requiere cuidado y responsabilidad. Por eso, hace falta una ley que nos proteja a todos.

La regulación de las criptomonedas en Estados Unidos es un tema complejo y en constante evolución. En los últimos años, el gobierno de Estados Unidos ha tomado una serie de medidas para regular el sector de las criptomonedas, pero aún queda mucho por hacer. Este año que viene, se puede ver que los reguladores y la justicia, especialmente en Estados Unidos, seguirán endureciendo su discurso y tomarán medidas efectivas contra los “malos actores” en el mundo criptográfico.

En noviembre, el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, fue declarado culpable de los siete cargos que se le imputaban y aún podría ser sentenciado a 100 años de prisión. Binance y su fundador, Changpeng Zhao, CZ, admitieron su culpabilidad por delitos como facilitar el lavado de dinero y acordaron pagar una multa de 4,300 millones de dólares. Esta depuración tiende a incentivar la entrada de inversores institucionales en 2024, afirma el equipo de investigación de Mercado Bitcoin. En otras palabras, lo que para muchos es una intervención estatal muy negativa, para otros es una luz verde para entrar. Con la regulación, este será un mercado más maduro y confiable.

El libre mercado es un ideal que defiende la libertad de intercambio y la competencia entre los agentes económicos, sin la intervención del Estado. Sin embargo, este ideal puede convertirse en un dogma que niega la realidad y los problemas que surgen en el mercado. El fundamentalismo de libre mercado llevado a un extremo puede crear un mercado injusto e ineficiente, que perjudica a la mayoría y beneficia a unos pocos.

Un mercado sin regulación ni control puede ser abusado por estafadores y manipuladores, que aprovechan las asimetrías de información, el poder de mercado, las externalidades negativas y las fallas de coordinación para obtener ganancias ilícitas o desproporcionadas. Estas prácticas pueden generar desconfianza e inestabilidad en el mercado, al socavar la confianza de los consumidores y los inversores, y al provocar crisis financieras y sociales. Además, pueden aumentar la desigualdad y la pobreza, al excluir a los más vulnerables y al concentrar la riqueza y el poder en unas pocas manos.

Por eso, un mercado sin justicia no es libre. La libertad económica requiere de un marco legal e institucional que garantice el respeto a los derechos, la transparencia, la competencia leal, la responsabilidad social y la protección de los más débiles. Solo así se puede lograr un mercado más justo y eficiente, que promueva el bienestar y el desarrollo de todos.

Pero no todo es blanco o negro. La regulación también tiene sus riesgos y desafíos. Por un lado, puede limitar la innovación y la competencia, favoreciendo a los grandes actores y excluyendo a los pequeños. Por otro lado, puede restringir el acceso y la inclusión financiera, imponiendo barreras de entrada y requisitos burocráticos. Además, puede generar incertidumbre y confusión, debido a la falta de claridad y coherencia entre las diferentes agencias y jurisdicciones. Por ejemplo, la SEC considera que algunas criptomonedas son valores, mientras que la CFTC las considera commodities. Y cada estado tiene sus propias leyes y regulaciones al respecto.

Por eso, lo que tenemos que hacer es luchar por una regulación adecuada. Es decir, una regulación que no frene la innovación y que no limite el acceso a la gente. Una regulación que proteja a los consumidores y a los inversores, pero que también respete la naturaleza descentralizada y autónoma de las criptomonedas. Una regulación que fomente la colaboración y el diálogo entre los diferentes actores del ecosistema, tanto públicos como privados. Una regulación que se adapte a las características y necesidades de cada criptomoneda, sin aplicar un criterio único y uniforme. Una regulación que reconozca el potencial y el valor de las criptomonedas, no solo como activos financieros, sino también como herramientas sociales y tecnológicas.

Esto no es una utopía. Es una necesidad. Y es posible. Hay ejemplos de países que han logrado una regulación equilibrada y progresista, como Suiza, Singapur o Japón. También hay iniciativas y propuestas que buscan mejorar y armonizar la regulación en Estados Unidos, como el Crypto-Currency Act of 2020 o el Token Taxonomy Act. Y hay organizaciones y líderes que abogan por una regulación razonable y justa, como la Blockchain Association o el senador Ron Wyden.

En conclusión, la regulación de las criptomonedas en Estados Unidos es un tema clave para el futuro del sector. No podemos ignorarlo ni rechazarlo. Tampoco podemos aceptarlo sin cuestionarlo ni criticarlo. Tenemos que estar atentos y participar. Tenemos que informarnos y educarnos. Tenemos que expresar nuestra opinión y defender nuestros derechos. Tenemos que ser parte de la solución, no del problema. Porque la regulación no es el enemigo. El enemigo es la mala regulación. Y la mejor forma de evitarla es involucrarnos y colaborar. Porque las criptomonedas son de todos y para todos. Y así deben ser reguladas.

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