El Ministro de Finanzas de El Salvador, Alejandro Zelaya, ha declarado que el país retrasará aún más el lanzamiento de su anticipado bono de mil millones de dólares en Bitcoin , alegando la volatilidad de los precios y las inciertas condiciones del mercado derivadas de la actual guerra entre Rusia y Ucrania.

La noticia llega al mismo tiempo que Amnistía Internacional acusa a las autoridades salvadoreñas de "violaciones flagrantes de los derechos humanos y de criminalizar a las personas que viven en la pobreza".

En una entrevista realizada el miércoles en el programa local de noticias "Frente a Frente", se le preguntó a Zelaya si había cambiado la situación con la emisión de bonos de Bitcoin por un valor de USD 1,000 millones de hace "unos meses".

"No, todavía no, el precio [de Bitcoin] sigue alterado por la guerra en Ucrania", dijo según una traducción aproximada. Añadió que "a corto plazo las variaciones son constantes, pero a largo plazo siempre tiende a apreciar su valor:"

“Hay un futuro y hay una innovación económica [en Bitcoin] por la que debemos apostar.”

El plan del bono fue anunciado originalmente en noviembre de 2021 por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. La mitad de los USD 1,000 millones previstos es para financiar la construcción de una Ciudad Bitcoin construida cerca de un volcán,con la idea de que su energía geotérmica pueda ser aprovechada para los mineros de Bitcoin. La otra mitad de los fondos recaudados se invertiría en Bitcoin.

El bono de USD 1,000 millones originalmente estaba programado para lanzarse a mediados de marzo de 2022, pero en una entrevista en marzo, Zelaya retrasó el lanzamiento, citando la volatilidad de los precios, dando una posible fecha de lanzamiento alrededor de junio, pero extendiendo el calendario hasta septiembre de 2022.

Los crecientes temores de que el país pueda incumplir un bono de USD 800 millones que vence en enero de 2023 hicieron que la agencia de calificación Moody's rebajara la calificación crediticia de El Salvador el 4 de mayo, citando la "falta de un plan de financiación creíble."

El gobierno de El Salvador ha estado comprando bitcoin desde septiembre de 2021, y Bukele anunció que el país compró otros 500 BTC el 9 de mayo. Se estima que El Salvador ha perdido más de USD 35.6 millones con sus inversiones en BTC hasta ahora.

Amnistía Internacional: "Crisis de derechos humanos"

Por su parte, la organización sin ánimo de lucro de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional acusó al gobierno de El Salvador de cometer "violaciones masivas de los derechos humanos" mediante detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a los presos.

El presidente Bukele declaró el estado de excepción el 27 de marzo debido al aumento de la tasa de homicidios, que el gobierno atribuyó a las bandas y al crimen organizado. Desde entonces, el estado de emergencia se ha prorrogado en dos ocasiones.

El grupo de derechos humanos dijo que el SOE cambió las leyes y los procedimientos legales que socavan los derechos a la defensa, la presunción de inocencia, el recurso judicial efectivo y el acceso a un juez independiente.

Durante la represión, más de 35,000 personas han sido encarceladas en menos de tres meses, y el aumento de las detenciones ha provocado que el 1.7% de la población del país mayor de 18 años esté detenida, lo que ha provocado un hacinamiento de más del 250% de la capacidad de las prisiones.

Pero, a pesar de los abusos, muchos salvadoreños están de acuerdo con las duras medidas de Bukele, ya que el presidente sigue siendo popular en las encuestas de opinión. El último sondeo publicado por los medios de comunicación locales el miércoles muestra una tasa de aprobación de casi el 87% para el actual presidente.

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