En medio de las búsqueda de los Bitcoins que se utilizaron en el proceso conocido como “Lava Jato”, el diputado federal de Brasil Junior Bozzella (PSL-SP) presentó una solicitud en la Cámara de Representantes, convocando a una audiencia pública, el editor del sitio “The Intercept”, el periodista estadounidense Glenn Greenwald, según solicitud presentada el 13 de agosto.

Boezzella afirma que Greenwald no conduce el sitio con imparcialidad, "El sitio “The Intercept” tiene una dirección política de partido de izquierda, lo que deja totalmente comprometida su exención en la divulgación de la actividad periodística."

"El sitio web de The Intercept, según un informe publicado por la R7, analiza sus revelaciones en un período entre el 1 y el 13 de octubre de 2018 y revela un sesgo político a favor de la izquierda. De los 27 artículos e informes publicados en este período, ninguno abordó ninguna queja o asunto relacionado con el PT. Sin embargo, en el mismo período hubo cinco artículos y diez informes críticos con el candidato Jair Bolsonaro (PSL)".

Con el posible sesgo político del sitio como telón de fondo, Bozzella cree que es necesario convocar a Greenwald para aclarar si hubo o no pago en Bitcoin por información compartida con el sitio por hackers que invadieron cuentas de varias autoridades vinculadas a la operación “Lava Jato”.

"La Policía Federal está investigando a los cuatro hackers detenidos en la operación de Spoofing bajo la sospecha de haber recibido el pago en bitcoins para hackear el teléfono celular del Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sérgio Moro, víctima de la interceptación ilegal de sus comunicaciones. El pago en criptomoneda puede haber sido una manera de ocultar posibles pruebas de los clientes para llevar a cabo delitos cibernéticos. Además de los graves delitos cibernéticos cometidos por los hackers, también se cuestiona la compra de información de forma ilegal y delictiva, la divulgación de información obtenida ilegalmente y cuáles serían sus intereses. Además de la posible compra de esta información por parte de las divisas virtuales para ocultar pruebas y rastros de que los clientes están interceptando ilegalmente las comunicaciones", dicen los requisitos.

Aunque la solicitud aún no ha sido aprobada, Glenn Greenwald ha estado en la Cámara de Representantes en otro momento y ha declarado que no ha habido pago por la información.

Mientras tanto, la Policía Federal sigue buscando los "Bitcoins de Lava Jato" y puede haber encontrado BTCs en exchanges nacionales vinculados a Walter Delgatti Neto, uno de los presos de la Operación Spoofing acusado de piratear las aplicaciones de las redes sociales de las autoridades vinculadas a la operación.

Actualmente la Policía Federal se ha cruzado la información encontrada en los teléfonos celulares y computadoras de los cuatro sospechosos arrestados, junto con los registros enviados por el tribunal de los corredores de seguros para revelar la existencia de criptomonedas en las cuentas de los acusados (Bitcoin Market, FoxBit, Braziliex, 3xBit, Brasil Bitcoin y OmniTrade).

Aunque Neto ha negado haber sido pagado por cualquier servicio de hacking relacionado con las autoridades de Lava Jato, la Policía Federal busca una relación entre los valores encontrados y la información de los dispositivos confiscados para tratar de encontrar posibles patrocinadores de la acción.

Según el informe, la Policía Federal y el Consejo de Control de Actividades Financieras (Coaf) ya han recibido los datos de las empresas que los sospechosos utilizaban para operar con criptomonedas y están recibiendo la información.

Según lo informado por Cointelegraph Brasil, la "implicación" de Bitcoin en el Lava Jato no es nueva, en 2017 la Operación “Pão Nosso”, una rama de la Operación de Lava Jato en Río de Janeiro, descubrió un esquema de lavado de dinero utilizando Bitcoin.

Bajo la sospecha de de sobrefacturar pan para la Secretaría de Administración Penitenciaria (Seap), sospechosamente utilizó criptomonedas para eludir a los organismos públicos de control financiero y realizó cuatro operaciones, según las investigaciones, por un total de 300.000 Reais brasileros (aproximadamente 75 mil dólares) en bitcoins.

Según las investigaciones, los sospechosos han malversado al menos 73 millones de Reais (unos 18 millones de dólares) de las arcas públicas con un esquema de sobrefacturación y fraude en el suministro de pan a los prisioneros en las prisiones estatales. Sobre el uso de Bitcoin, el grupo de trabajo explicó que la idea era recibir dinero en el extranjero "utilizando un instrumento que no está regulado en la mayoría de los países", a través de remesas fuera del país.

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