Las empresas de criptomonedas en Irlanda pronto estarán reguladas de acuerdo con el último marco legal europeo para la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
El 10 de agosto, el Gabinete de Irlanda aprobó un proyecto de ley para transponer los elementos de justicia penal de la Quinta Directiva contra el lavado de capitales de la Unión Europea (AMLD5) a la legislación nacional, fortaleciendo así la legislación existente.
La aprobación del Gabinete le da a la ministra de Justicia e Igualdad de Irlanda, Helen McEntee, el visto bueno para publicar el nuevo proyecto de ley, titulado Reglamento sobre lavado de capitales y financiación del terrorismo (enmienda) (salida de la UE) de 2020.
Entre otras disposiciones, el proyecto de ley trae proveedores de moneda virtual y proveedores de billetera en línea para monedas digitales bajo la legislación existente de AML y contra el financiamiento del terrorismo. Una nota oficial del gobierno que acompañaba a la noticia de la publicación del proyecto de ley decía:
“El Ministro de Finanzas también ha obtenido la aprobación del gobierno para presentar enmiendas con respecto a la regulación de los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) [...] las enmiendas garantizarán que el registro necesario y el régimen de aptitud y probidad, requerido por 5AMLD para proveedores de servicios de activos virtuales, se convierten en requisitos legales".
Además, la nota indica que estas enmiendas también abordarán las obligaciones internacionales de Irlanda, en consonancia con el marco regulatorio del Grupo de Acción Financiera para nuevas tecnologías, productos y prácticas.
En julio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea había multado a Irlanda con 2 millones de euros (2,3 millones de dólares) por su retraso en armonizar las normas AML y CFT del país con las del resto del bloque.
La AMLD5 entró en vigor por primera vez el 9 de julio de 2018 y dio a los estados miembros hasta enero de 2020 para incorporar la directiva en sus respectivas leyes nacionales antes del 20 de enero de 2020.
Al anunciar el proyecto de ley esta semana, el ministro McEntee dijo que era un paso importante para combatir el lavado de dinero:
“La realidad es que el lavado de dinero es un delito que ayuda a los criminales graves y terroristas a funcionar, destruyendo vidas en el proceso. Los delincuentes buscan explotar las fronteras abiertas de la UE y, por esa razón, las medidas a escala de la UE son vitales".
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