En México, la Fiscalía General de la República (FGR) investiga dos casos de posible lavado de dinero en los cuales grupos delictivos estarían convirtiendo fuertes sumas de dinero, provenientes de actividades ilícitas, en criptomonedas. Así lo informó Animal Político, el 18 de marzo.

En el artículo (firmado por Arturo Ángel), se dice que existe una alta probabilidad de que este sistema ya esté siendo utilizado para el ocultamiento de ganancias ilícitas, citando al titular de la Unidad de Investigaciones Cibernéticas y Operaciones Tecnológicas, Marcos Arturo Rosales García

Justamente, las indagatorias están a cargo de la mencionada Unidad de Investigaciones Cibernéticas y Operaciones Tecnológicas. "Los indicios surgieron cuando entidades financieras que operan en plataformas tecnológicas detectaron en México la compra masiva de bitcoins, la criptomoneda de mayor circulación en el mundo, por lo que dieron aviso a la FGR; esta última inició dos carpetas de investigación por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita", detalló Ángel en el artículo

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Según esa información, Rosales García manifestó: “Estas criptomonedas, al permitirte hacer movimientos internacionales de manera tan sencilla, te pueden dar la capacidad de hacer el lavado de dinero sacando recursos de un país a otro, y llevándolo a otro lugar donde ya viene limpio, lo incorporas al sistema financiero y lo puedes sacar sin ningún problema”.

En la investigación de estos casos se está trabajando con entidades que manejan carteras de bitcoins, así como con el Banco de México. También cuentan con asistencia del FBI (Buró Federal de investigaciones de Estados Unidos), quien previamente capacitó a los funcionarios en la detección y seguimiento de este tipo de casos.

Sin embargo, como se está llevando a cabo la investigación, no se pudo brindar más información a la prensa.

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Rosales García habló sobre complejidad que implica la investigación de estos casos por su naturaleza intangible, sobretodo en el manejo de la evidencia y cadena de custodia.

Además, aparentemente no existen aún ministerios públicos especializados en ciberdelitos. “Los agentes del MP son licenciados en Derecho, no son ingenieros. Y comprender los algoritmos matemáticos asociados a criptomonedas, el uso de VPN y proxys, la dark web, la temporalidad de la información, son asuntos que se vuelven complejos y nuestra tarea es traducirlo de tal forma que para el agente del MP se vuelva digerible, y lo pueda vaciar en una carpeta de investigación”, explicó Rosales García.

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