Más de 65 empresas de criptomonedas, la blockchain y grupos de defensa han pedido al presidente de EE. UU. Donald Trump que intervenga, ya que los fiscales federales podrían estar preparándose para un nuevo juicio contra el cofundador y desarrollador de Tornado Cash, Roman Storm.
En una carta a Trump, fechada el jueves y compartida con Cointelegraph, organizaciones de defensa, incluyendo el Solana Policy Institute, la Blockchain Association y el DeFi Education Fund, entre otras, hicieron varias solicitudes con respecto a políticas relacionadas con las criptomonedas.
Los grupos pidieron a Trump que ordene al IRS y al Tesoro de EE. UU. que aclaren la política fiscal sobre criptoactivos, que protejan DeFi de los reguladores y que fomenten la claridad regulatoria a través de reguladores financieros como la Comisión de Valores y la Commodity Futures Trading Commission.
Sin embargo, fue notable la solicitud de la carta a Trump de que “instara al Departamento de Justicia a desestimar todos los cargos pendientes contra Roman Storm” y apoyara la anulación de su condena por operar un servicio de transmisión de dinero sin licencia.
“Reconociendo que el trabajo de Storm en Tornado Cash representa la publicación de software de código abierto, no un delito financiero”, decía la carta. “Retirar el caso reafirmaría el compromiso de la administración de proteger a los desarrolladores. Hacerlo respaldará aún más que el código es libertad de expresión bajo la Primera Enmienda y señala que EE. UU. protegerá la innovación.”
Storm fue declarado culpable en un tribunal federal de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, uno de los tres cargos que enfrentaba. El jurado no decidió si el cofundador de Tornado Cash incurrió en una conspiración para cometer lavado de dinero y una conspiración para violar sanciones.
¿Cambio de postura del Departamento de Justicia sobre presuntos delitos que implican código?
Storm, quien fue imputado en agosto de 2023 por los tres cargos de delito grave, se declaró no culpable. Afirmó repetidamente su inocencia, haciendo eco del grito de guerra de muchos de sus partidarios: “Escribir código no es un crimen.”
Aproximadamente dos semanas después de que se dictara el veredicto, un funcionario del Departamento de Justicia habló en una cumbre organizada por la organización de defensa de las criptomonedas American Innovation Project. Matthew Galeotti, el fiscal general adjunto interino de la división penal del Departamento de Justicia, dijo que “simplemente escribir código, sin mala intención, no es un crimen.”
A pesar de los comentarios de Galeotti, Jay Clayton, el fiscal interino de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York, presentó una moción ante el tribunal el 12 de noviembre para oponerse a la solicitud de absolución de Storm. Hasta el jueves, las partes están programadas para regresar a la corte para una conferencia para discutir el asunto el 22 de enero, y no ha aparecido ninguna audiencia de sentencia para la única condena en el expediente público.
Aunque un presidente de EE. UU. tiene cierta influencia sobre el Departamento de Justicia para dirigir los objetivos políticos, las normas han sido principalmente una de las barreras para evitar que un presidente viole la independencia de la fiscalía, es decir, ordenar a un fiscal federal que retire cargos o impute a alguien.
Cointelegraph se puso en contacto con el Solana Policy Institute en relación con la solicitud de la carta de que Trump intervenga en el caso Storm, pero no había recibido respuesta al momento de la publicación.
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