El fraude de moneda digital formará una de las áreas de "particular atención" para un nuevo grupo de trabajo de EE.UU.contra el crimen con la participación de varios organismos gubernamentales, de acuerdo con una orden ejecutiva emitida el 11 de julio.
El Grupo de Trabajo de Integridad del Mercado y Fraude al Consumidor (Task Force on Market Integrity and Consumer Fraud), que tendrá al vicefiscal general de Estados Unidos como presidente y al fiscal general adjunto como vicepresidente, busca "proporcionar orientación para la investigación y el procesamiento de casos de fraude en el gobierno, los mercados financieros y los consumidores.”
La orden ejecutiva que esboza el grupo de trabajo destaca áreas de particular atención como el "fraude de moneda digital", así como el fraude que afecta al público en general, junto con el "lavado de dinero, incluyendo la recuperación de fondos; el fraude en la atención de la salud; el fraude fiscal; y otros delitos financieros.”
La Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC) se encuentra entre los miembros del proyecto, y su presidente, Jay Clayton, dijo que la medida permitiría a los reguladores coordinar las actividades de manera más eficiente.
“En la SEC trabajamos todos los días para proteger a los inversionistas de Main Street", dijo, continuando:
“Este Grupo de Trabajo nos permitirá construir sobre la base de las estrechas asociaciones que tenemos con nuestros colegas reguladores y agencias de aplicación de la ley para disuadir y combatir el fraude al por menor.”
Mientras tanto, los otros participantes del grupo de trabajo serán el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la Oficina de Protección Financiera al Consumidor y la Comisión Federal de Comercio.
La SEC y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) se habían comprometido previamente monitorear de cerca las criptomonedas este año, buscando asegurar que los actores se ajustaran a las leyes de valores existentes.
Mientras tanto, una operación conjunta en curso con Canadá busca investigar específicamente a los operadores de Oferta Inicial de Monedas (ICO), con la intención de tomar medidas enérgicas contra los esquemas ilegítimos o sospechosos.