La Autoridad de Mercados Financieros de Nueva Zelanda (FMA, por sus siglas en inglés) ha agregado tres plataformas de cripto más a su lista negra que advierte sobre estafas, una publicación de la FMA revela el miércoles 12 de diciembre.
OneLife Network Limited y su entidad asociada OneCoin Limited fueron añadidos a la lista porque "tienen las características de una estafa" y prometen rendimientos poco realistas. Además, la FMA ha tenido conocimiento de que las empresas mencionadas están llevando a cabo eventos promocionales en Nueva Zelanda y ofreciendo inversiones, incumpliendo así las últimas del país al actuar como servicios financieros no registrados.
Otra empresa de criptografía, Bitcoin Revolution Limited, también era sospechosa de estar involucrada en una estafa. Como informa Finance Magnates, la firma de comercio de cripto hizo afirmaciones sospechosas en su sitio web, tales como "Gana hasta $1000 por hora o más, a partir de hoy".
Además, la FMA recordó su advertencia de octubre, recordando al público que Bitcoin Revolution Limited afirmó falsamente que los actuales o anteriores primeros ministros y funcionarios del Tesoro del país estaban invirtiendo en (BTC).
Como Cointelegraph escribió antes, a finales de 2017, se rumoreaba que el ex primer ministro de Nueva Zelanda, Sir John Key, tenía 300 millones de dólares en BTC de su inversión inicial de 1 000 dólares. Key negó posteriormente esta información y dijo que la noticia inicial fue publicada por un sitio web falso que pretendía ser el New Zealand Herald - el periódico más grande del país.
Las autoridades de Nueva Zelanda ya están siguiendo de cerca otras estafas de cripto. En septiembre, la policía del país advirtió a los ciudadanos sobre las estafas en línea en general, ya que un inversor perdió 320 000 dólares neozelandeses (213 000 dólares estadounidenses) a manos de estafadores.
En octubre y noviembre, la FMA también incluyó en la lista negra a varias empresas relacionadas con la cripto, en su mayoría por prometer rendimientos poco realistas o por no obtener el certificado de constitución requerido de las autoridades locales.
