Paraguay avanza en la supervisión y auditoría de la industria cripto en su territorio

 

Siguiendo la orientación estipulada por el Grupo de Acción Financiera (FATF en inglés) sobre proveedores de servicios de activos virtuales (VASPs), Paraguay anunció que está ahora empezando a revisar la industria cripto en su territorio, adelantándose a la regulación. 

De acuerdo a un importante medio de noticias, el Jefe de Antilavado de Dinero (AML) y el Secretario para Prevenir el Lavado de Dinero y Propiedades (SEPRELAD) de la nación sudamericana, está ordenando a las empresas que califican dentro de la guía del FATF como activos virtuales a registrarse en el gobierno y que tengan cierto grado de cumplimiento AML y procedimientos contra el financiamiento del terrorismo. 

Funcionarios revelaron que la nueva normativa obligatoria permitiría cumplir con los lineamientos del FATF antes de finalizar el año 2020, al mismo tiempo que ayudará al gobierno a comprender la realidad de su industria criptográfica nacional.

Coindesk informó que la guía del GAFI, publicada en junio de este año, instó al país a desarrollar estándares criptos ya que amplió los puntos de referencia AML para incluir activos virtuales en la Recomendación 15.

Christian Villanueva, representante de la Secretaría expresó al respecto que ” los datos obtenidos se utilizarán para medir el grado de adopción, complejidad y tamaño del mercado de activos virtuales en Paraguay, con el propósito de redactar una regulación que los regule adecuadamente y mitigue el riesgo de uso indebido”.

De acuerdo a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera, todos los mineros de criptomonedas, los vendedores OTC, los intercambios y otros proveedores de servicios involucrados con activos virtuales tendrán que registrarse con el gobierno donde operen e implementar una supervisión básica sobre las actividades de sus clientes, con protocolos de contrafinanciación del terrorismo (CFT) y salvaguardas ALD, SEPRELAD, entre otros.

Paraguay si bien es un país pequeño comparado en territorio y tradición cripto con respecto a otros vecinos de Sudamérica como Brasil o Argentina, tiene una minería bien establecida en el país por lo económico de su electricidad y abundante recurso hídrico que le permite gozar de un buen parque hidroeléctrico con precios estables.

El año pasado la Fundación Commons anunció el establecimiento de un centro minero en Paraguay con el apoyo del gobierno para una tarifa fija de electricidad por 15 años, proveniente de su central hidroeléctrica en Itaipú, una de las más grandes del mundo. 

Además, en noviembre el gobierno de Paraguay estaba dando síntomas de su regulación del sistema cripto en su territorio, al anuncia que el famoso grupo de abogados Gresham International trabajaba en la redacción de una nueva ley para el sector.

FATF plantea el 2020 regular con fuerza la industria criptográfica

El pasado mes de Junio 2019, el FATF adoptó una serie de lineamientos para luchar contra el uso ilícito de las criptomonedas y de las compañías de cifrado en todo el planeta, estableciendo medidas  específicas tan básicas como el AML, KYC y CTF en transacciones superiores a los USD 1,000.

Además, las nuevas normas impuestas al sector indican que los VASP deben ser supervisados por una autoridad competente, no por un organismo autorregulador, por lo que las implicaciones de regulación en todos los países es parte de lo que hemos estado observando desde entonces a partir del último trimestre de éste año.

El uso indebido de criptomonedas es una de las fuertes críticas para los detractores del sistema alternativo financiero que suponen los activos digitales. Sin embargo, el obligatorio cumplimiento de las normas establecidas por el FATF parecen estar surtiendo efecto dentro de la incipiente industria.

De acuerdo al informe contra lavado de dinero de criptomonedas de CipherTrace en el tercer trimestre del 2019 presentando el pasado 27 de noviembre, hubo una disminución considerable en los crímenes de activos digitales totales en comparación con los trimestres anteriores, y por ende, los robos más bajos en un periodo de dos años. En total, se reportó unos USD 15.5 millones de dólares relacionados con estos crímenes 

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