Un regulador financiero de Estados Unidos quiere recabar la opinión del sector bancario sobre cómo puede afectar las finanzas descentralizadas (DeFi) a los esfuerzos de la agencia por frenar la delincuencia financiera.
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) declaró que está "examinando detenidamente" el caso de DeFi, mientras que el director en funciones de la agencia, Himamauli Das, afirmó que el ecosistema de activos digitales y las monedas virtuales son un "área prioritaria clave" para la agencia.
Das pronunció un discurso preparado el 6 de diciembre en la Conferencia sobre Delitos Financieros de la Asociación de Banqueros Estadounidenses.
El director en funciones añadió que la agencia está "examinando detenidamente" su marco de lucha contra el blanqueo de capitales (AML) y la financiación del terrorismo (CFT) para las criptomonedas y los activos digitales a fin de decidir si "son necesarias normativas o directrices adicionales".
"Estamos colaborando con las partes interesadas pertinentes del gobierno de EE.UU. en este esfuerzo", dijo Das. "Agradecemos el compromiso con la industria -incluida la comunidad bancaria- para comprender mejor su evaluación de las vulnerabilidades y riesgos".
En particular, el regulador se mostró preocupado por el "potencial de DeFi para reducir o eliminar el papel de los intermediarios financieros" que son fundamentales para sus esfuerzos de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Das dijo que reconoce que DeFi "seguirá afectando a la industria de servicios financieros" y que la agencia tendrá que mitigar las "finanzas ilícitas y los riesgos para la seguridad nacional que plantea el uso indebido de los activos digitales".
La evaluación por parte de FinCEN de sus marcos de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo forma parte de la Orden Ejecutiva para Garantizar el Desarrollo Responsable de los Activos Digitales emitida por el Presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, el 9 de marzo.
Uno de los resultados de la Orden Ejecutiva fue el "Plan de acción para abordar los riesgos de financiación ilícita de los activos digitales" del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Entre otras medidas prioritarias, el plan recomendaba una mayor participación del sector privado mediante "la publicación de documentos oficiales, debates y programas del Tesoro que permitan compartir información entre los sectores público y privado".
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