Un tribunal de los Estados Unidos les ha concedido a unos reguladores una orden preliminar contra una supuesta estafa de Bitcoin (BTC) que defraudó a unos inversores por USD 11 millones.
En una presentación de fecha 6 de diciembre ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Nevada, la Jueza Jennifer A. Dorsey falló a favor de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) y en contra de Circle Society, junto con su operador, David Saffron.
La CFTC gana el mandato judicial contra Circle Society
"...Encuentro que este es un caso apropiado para otorgar una orden judicial preliminar y otras medidas equitativas para preservar el status quo, proteger a los clientes de mayores pérdidas y daños, y permitir que la Comisión cumpla con sus deberes estatutarios", escribió Dorsey.
Los activos de Circle se congelarán, y la CFTC podrá inspeccionar sus registros financieros antes de que ocurra cualquier otra acción legal.
La CFTC originalmente les cobró a Circle Society y Saffron a finales de septiembre, después de que los inversores se quejaran de que este último fraudulentamente mantenía una oferta de opciones binarias de Bitcoin de USD 11 millones. En ese momento, el regulador comparó las actividades de la empresa con un fraude, afirmando en un comunicado de prensa de octubre:
“Según la denuncia, los demandados solicitaron fraudulentamente fondos de al menos catorce miembros del público para participar en un fondo común operado por Circle Society, una entidad creada y utilizada por Saffron para perpetrar su fraude, haciendo falsas afirmaciones sobre la experiencia comercial de Saffron y garantizando tasas de rentabilidad de hasta el 300%.”
EE.UU. va tras las ventas de criptomonedas
Los acontecimientos subrayan la línea cada vez más persistente adoptada tanto por la CFTC como por su regulador financiero, la Comisión de Valores y Bolsa (SEC), con respecto a las actividades de criptomonedas que no se ajustan a la ley.
Como Cointelegraph informó anteriormente, las medidas de aplicación de la ley siguen afectando incluso a las empresas legítimas, y los reguladores observan específicamente las prácticas relacionadas con la venta de tokens a través de ofertas iniciales de monedas, o ICO.
Entre ellos se encuentra la empresa de mensajería canadiense Kik, que casi se cierra tras una larga batalla legal con la SEC por su venta en 2017.
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